Por Manuel Salazar | 13 de mayo de 2019
No ha importado al gobierno las consecuencias de sus violaciones a la institucionalidad escrita en papel. Las machaca una tras otra, sin cuidar las formas en lo más mínimo. Simplemente impone su poder con fines de seguir siendo poder. En cualquier caso, estamos frente a una conjura del poder material, al que sólo se le puede responder con el poder material de las masas populares movilizadas.
Para una hipótesis. La decisión de la Junta Central Electoral(JCE) de mantener el arrastre en el Distrito Nacional y cinco provincias que, en conjunto concentran el
58.76 % de los votos del país, y 102 de los 178 diputados territoriales, y en las que, dicho sea, con la excepción de Puerto Plata, el PLD ganó la senaduría en las elecciones pasadas; es tan aberrante que puede ser asumida como una provocación del Régimen con fines de generar una situación de complicaciones, en medio de la cual pueda hacer uso de todos los recursos del poder del Estado e imponer el continuismo como necesidad.
Podría ser parte del “desorden ordenado” para imponer la estabilidad, la “unidad”, con lo que ya existe, el poder en curso.
Algunos hechos de tan solo los últimos dos meses apuntan a que se pueda hacer una hipótesis como esa.
El Régimen arremete sin contemplación alguna contra doña Miriam Germán, mujer que goza de un gran respeto en el país, y era previsible que la afrenta desatara, como al efecto, la repulsa desde todos los litorales sociales y políticos. Impuso a dos acólitos, y entre estos un confeso militante de la reelección, en el Tribunal Constitucional; decisión que recibió las protestas de más de medio país. Con iguales protestas que las anteriores, designó a partidarios incondicionales como jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido al presidente de esta.
Todavía se debatía este hecho en los medios de comunicación y en lugares de concurrencia de gentes, cuando con métodos que recuerdan a la Era de Trujillo, el presidente y otros dos miembros del Tribunal Superior Electoral eran sometidos a presión y chantajes, al tiempo que se los ha amenazado con un juicio político, por haberse atrevido a cumplir la Ley, cuestionando los poderes de Miguel Vargas en el PRD, y erosionar así las posibilidades de la reelección.
No ha importado al gobierno las consecuencias de sus violaciones a la institucionalidad escrita en papel. Las machaca una tras otra, sin cuidar las formas en lo más mínimo. Simplemente impone su poder con fines de seguir siendo poder.
Y ahora, la JCE, cuyo presidente es un reconocido sin carácter y genuflexo, señalado como un recibe órdenes del palacio presidencial, adopta una decisión a todas luces favorable al PLD – Gobierno.
Porque le abre la posibilidad de que las candidaturas a diputados en el Distrito Nacional y cinco provincias, aporten chorros de votos a una cantidad que el partido como tal, ni sus candidatos a senadores, parece que no podrían ganar, y por esa vía mantener el control del Congreso.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión es claramente reñida con varios numerales de la Constitución, y así han coincidido expertos en la materia que militan en posiciones políticas diferentes y hasta encontradas incluso; además de pertenecer a escuelas de pensamiento jurídico también diferentes.
Por eso, la decisión es políticamente un vulgar atropello; por lo que, teniendo en cuenta la secuela de agravios señalados, permite considerar la hipótesis de que se estamos ante un plan bien pensado y consecuentemente llevado a la práctica, para generar el desorden, el desconcierto, la impotencia y hasta la resignación, en medio del cual el presidente imponga “el orden en el desorden”, su voluntad de continuar en la jefatura del Régimen.
A la carga de desconfianza en la JCE, de casi un 60% del pueblo, esta misma agrega de manera aleve una razón más para que nos pongamos el “chivómetro” cuando contrata a una empresa, que hace años estaba bajo sospecha de no cumplir deberes contratados, por un monto de 20 millones de dólares para la compra de equipos tecnológicos de apoyo a las elecciones.
Hay bastante elementos para formular una hipótesis sobre si todos estos hacen parte de un plan ordenado de desorden, para darle rango de necesidad al orden simbolizado en el continuismo.
En cualquier caso, estamos frente a una conjura del poder material, al que sólo se le puede responder con el poder material de las masas populares movilizadas.
Si no se comprende esta sentencia planteada por Marx hace cerca de 180 años, entonces habrá lamentos al día siguiente de las elecciones del 2020.
Fuente Acento
