La última vez que Israel utilizó la pena de muerte fue en 1962, cuando ejecutó a Adolf Eichmann, alto responsable del Holocausto nazi, tras un largo juicio en Jerusalén.
Décadas después, y tras los ataques terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, ha surgido un nuevo impulso por parte de legisladores israelíes para aprobar muy controvertida ley que restablecería la pena de muerte para los palestinos condenados por tribunales militares israelíes.
Quienes se oponen al proyecto argumentan que es poco ética y racista, al discriminar entre israelíes judíos y palestinos, ya que está diseñada para aplicarse únicamente a estos últimos. El borrador establece la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos cometidos por palestinos juzgados en tribunales militares. Además, elimina cualquier posibilidad de indulto o conmutación de la pena.
El proyecto pasó su primera lectura en noviembre de 2025 en la Knéset, el Parlamento de Israel. Luego fue devuelto a la Comisión de Seguridad Nacional para más deliberaciones y debe pasar por una segunda y tercera lectura para convertirse en ley. No está claro cuándo sucedería esto, en caso de prosperar.
La idea está impulsada por legisladores del partido ultraderechista Poder Judío, con apoyo de miembros de Likud y Yisrael Beitenu. Tras la votación, Itamar Ben Gvir, líder de Poder Judío y ministro de Seguridad Nacional, calificó el proyecto como “la ley más importante en la historia del Estado de Israel”.
“Que todo terrorista lo sepa: esta ley es la ley que disuadirá. Es la ley que asustará. Es la ley que les hará pensar mil veces antes de cometer otro 7 de octubre”, dijo.
Opositores israelíes, entre ellos funcionarios de seguridad, exjueces del Tribunal Supremo, médicos y rabinos, han criticado el proyecto en una carta abierta, calificando sus contenidos como “disposiciones particularmente extremas y excepcionales”.
Hagai Levine, presidente de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública, participó en las discusiones en la Knéset y se opone a la ley. “Nos oponemos a este tipo de pena de muerte, que es racista, no está reflexionada y no considera todas las diferentes circunstancias que hay que tener en cuenta”, comenta Levine, que también encabezó el equipo médico del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos durante la guerra.
Levine reconoce que el ánimo entre partes del público israelí ha cambiado, con algunos buscando castigos más severos tras los ataques del 7 de octubre. A lo largo de los años hubo varios intentos de reactivar la pena capital, pero no avanzaron mucho.
“Fui el médico de los rehenes y sus familias, y vi el horrible impacto en la vida de las personas y el asesinato de inocentes. Y entiendo totalmente estos sentimientos de venganza. Pero no se debe juzgar basándose en la furia y la venganza. Somos un país democrático. Necesitamos emitir juicios correctos para el beneficio del país”, dice.
Alrededor de 1.200 personas murieron durante el brutal asalto y 251 israelíes y extranjeros fueron tomados como rehenes por Hamás. En la devastadora guerra posterior en Gaza, más de 70.000 palestinos han muerto, y muchos más quedaron desaparecidos bajo los escombros. También murieron varios cientos de soldados israelíes.
“Esta ley israelí aterroriza al pueblo palestino, nos oponemos a ella”, dice desde Ramala a DW Amjad Al Najjar, portavoz de la Sociedad de Presos Palestinos. “Crea mucha tensión y miedo en las familias de los prisioneros palestinos”.
La legislación establece que una persona que cause la muerte de ciudadanos israelíes “deliberadamente o por indiferencia, por motivos de racismo o hostilidad hacia una población, y con el objetivo de dañar al Estado de Israel y la revitalización nacional del pueblo judío en su patria, será condenada a muerte”, según un anuncio de la Knéset tras la primera lectura.
Por otro lado, también otorga más poder a los tribunales militares en Cisjordania ocupada por Israel, que está bajo administración militar y que juzga exclusivamente a palestinos bajo la ley militar. Según el proyecto, los tribunales militares podrían imponer “la pena de muerte por mayoría ordinaria de los jueces del panel, y una pena de muerte impuesta no puede ser conmutada”.
El proyecto no define claramente qué constituye un acto que busque “dañar al Estado de Israel” o la “revitalización del pueblo judío en su patria”.
Opositores israelíes, palestinos e internacionales han señalado que viola el derecho a la vida, podría llevar a ejecutar personas inocentes y está lejos de ser un verdadero elemento disuasorio.
Varios expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han instado a Israel a retirar “un proyecto que propone la pena de muerte obligatoria por actos terroristas, que violaría el derecho a la vida y discriminaría a los palestinos en los territorios ocupados”.
En su declaración, los expertos añadieron que, “al eliminar la discreción judicial y de la fiscalía, se impide que un tribunal considere las circunstancias individuales, incluidos factores atenuantes, y que imponga una sentencia proporcional al delito”.
La asociación palestina de derechos humanos Addameer, que defiende a los detenidos palestinos, ha señalado en un documento que “la promulgación de una nueva ley que impone la pena de muerte exclusivamente contra palestinos marca un nuevo episodio en la serie continua de opresión y constituye una grave escalada en las amplias violaciones de Israel contra los palestinos, incluidas cientos de ejecuciones extrajudiciales”.
En Israel, la corresponsal política Tal Schneider señala que el Servicio de Seguridad Interna de Israel, el Shin Bet o Shabak, “en el pasado se había opuesto a esto”, y agrega que consideraban que podría volverse en contra, al incentivar más ataques.
La pena de muerte existe en Israel para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos legislados bajo la ley militar en tribunales militares. En las raras ocasiones en las que se ha aplicado en tribunales militares por delitos relacionados con terrorismo, todas fueron conmutadas a cadena perpetua tras apelaciones.
Solo dos personas han sido ejecutadas tras condenas con pena de muerte en Israel. La primera ejecución tuvo lugar tras la guerra árabe-israelí de 1948 y el establecimiento de Israel. Meir Tobianski, un oficial del ejército, fue acusado falsamente de espionaje y ejecutado por traición tras un consejo de guerra improvisado. Posteriormente fue exonerado de manera póstuma.
En 1962 tuvo lugar la segunda ejecución cuando Adolf Eichmann fue ahorcado tras ser condenado por crímenes de guerra nazis. Había sido capturado en Argentina por una unidad encubierta israelí y juzgado ante un tribunal especial en Jerusalén.
Los críticos dicen que quienes impulsan la pena de muerte reflejan un endurecimiento de la postura de partes del público israelí y la usan con fines políticos propios durante un año electoral. Las elecciones generales de Israel están previstas para octubre de 2026, aunque podrían convocarse antes.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, es una de las voces principales para traer de nuevo la pena de muerte. Como en otros temas, ha hecho de esto una campaña populista y ha amenazado repetidamente con abandonar la coalición.
Durante su mandato, grupos israelíes de derechos humanos como Médicos por los Derechos Humanos han reportado un aumento de casos de abuso y tortura en prisiones y centros de detención israelíes. Ben Gvir ha publicado videos de él burlándose de prisioneros palestinos y presumiendo de que se mantienen bajo “condiciones mínimas”.
Según la oenegé israelí de derechos humanos HaMoked, al menos 94 palestinos, detenidos de seguridad y prisioneros, murieron en prisiones o centros de detención militar israelíes desde el inicio de la guerra hasta agosto de 2025.
Fuente: Deutsche Welle
