CELEBRANDO 5 años de gestión @LuisAbinader, @PRM_Oficial , Aliados y colaboradores

Te invitamos a conmemorar 5 años de gestión del presidente @LuisAbinader, marcados por el cambio, la transparencia y el compromiso con la gente.

Domingo 17 de agosto

Polideportivo Nuevo Domingo Savio

9:00 a.m.

¡Celebremos juntos el camino recorrido y reafirmemos nuestro compromiso con el pueblo dominicano por #UnMañanaCompartido! #5AñosDeGestión #LuisAbinader

5 años de gestión del presidente @LuisAbinader, marcados por el cambio, la transparencia y el compromiso con la gente.

Durante el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, Aliados y colaboradores NO se han llevado a cabo privatizaciones a gran escala de empresas estatales, como ocurrió en la década de los 90.

La política del gobierno del PRM NO se ha caracterizado por la privatización de grandes empresas estatales. En cambio, ha buscado mecanismos de colaboración con el sector privado, principalmente a través de la Ley de Fideicomisos Públicos y de Alianzas Público-Privadas, para modernizar y gestionar de manera más eficiente los activos estatales, sin perder el control total sobre ellos.

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), liderado por el presidente Luis Abinader, ha manifestado un enfoque diferente a las privatizaciones masivas que se vieron en gobiernos anteriores. Su política se ha centrado más en la figura de las Alianzas Público-Privadas (APP) y en la capitalización o venta de activos específicos, más que en la privatización total de grandes empresas estatales.

Durante el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, no se han llevado a cabo privatizaciones a gran escala de empresas estatales, como ocurrió en la década de los 90.

La política del gobierno se ha inclinado más hacia la colaboración con el sector privado a través de otros mecanismos.

No ha habido privatizaciones masivas:

A diferencia del proceso de “capitalización” del primer gobierno del PLD, donde se vendió el 50% de las acciones de grandes empresas como la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y las del grupo CORDE, el gobierno del PRM no ha despojado al Estado de la propiedad de grandes activos.

Hasta la fecha, no se ha producido una privatización a gran escala similar a la de las empresas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) o el sector eléctrico de los años 90. Sin embargo, se ha hablado y se han explorado diversas iniciativas en este sentido:

El enfoque en Alianzas Público-Privadas (APP):

La herramienta principal que el gobierno de Luis Abinader ha utilizado para gestionar activos estatales y atraer inversión privada es la Ley de Fideicomisos Públicos y la Ley de Alianzas Público-Privadas. Estos mecanismos permiten que el Estado conserve la propiedad de los activos, mientras que el sector privado se encarga de la inversión, la gestión y la operación. Un ejemplo notable de esto es el proyecto de desarrollo de la provincia de Pedernales, donde se han creado fideicomisos para la construcción de infraestructuras turísticas.

Central Termoeléctrica Punta Catalina:

Durante los primeros años de gobierno, se anunció la intención de capitalizar o vender hasta un 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la planta de generación eléctrica más grande del país. Esto generó un intenso debate y críticas, con defensores de la privatización argumentando la necesidad de capital para la empresa y detractores señalando que la planta es un activo estratégico y rentable para el Estado. Caso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina: La capitalización de Punta Catalina fue un tema de debate al inicio de la gestión del PRM. El gobierno manifestó su intención de vender hasta un 50% de las acciones de esta planta, argumentando la necesidad de capital.

Sin embargo, después de un amplio debate y de auditorías realizadas, el gobierno decidió que Punta Catalina se mantendría como una empresa de PROPIEDAD ENTERAMENTE ESTATAL .

Fideicomisos y Alianzas Público-Privadas:

El gobierno @LuisAbinader, del PRM y Aliados ha impulsado la creación de fideicomisos y alianzas público-privadas como una herramienta para la gestión de activos estatales. A través de estos mecanismos, se busca atraer inversión privada y mejorar la eficiencia de la gestión, sin necesariamente vender la propiedad total al sector privado. El objetivo es que el Estado se mantenga como socio, pero con una participación privada en la operación y administración. Este es el caso del proyecto de desarrollo de Pedernales.

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes):

Aunque no se ha concretado, la posible privatización del servicio de las distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) ha sido un tema de debate. Diversos sectores han señalado que el gobierno ha creado un “ambiente perfecto” para una eventual privatización, debido a un aumento de las tarifas, la falta de inversión en las redes y el incremento en las pérdidas del sector. Sin embargo, no ha habido un anuncio formal de privatización por parte del gobierno.

Reversión de privatizaciones:

En algunos casos, el gobierno del PRM ha tomado el camino opuesto. Por ejemplo, el Estado dominicano adquirió la mayoría de las acciones de la Compañía Anónima Tabacalera, una empresa que había sido capitalizada en el pasado.

El gobierno del PRM incluso ha tomado medidas en la dirección opuesta a la privatización. Un ejemplo es la adquisición por parte del Estado de la mayoría de las acciones de la Compañía Anónima Tabacalera, que había sido capitalizada en el pasado.

“La “Compañía Anónima Tabacalera” (CAT), ahora conocida como “La Tabacalera, S.A.”, es una empresa dominicana con una larga historia. Inicialmente fundada como “La Habanera” en 1902, se transformó en CAT en 1914 y finalmente adoptó su nombre actual en 2000, según su sitio web. En 2022, el Estado dominicano adquirió la mayoría de las acciones de la empresa, anteriormente propiedad de Japan Tobacco International (JTI)

LA NOTA : Estado dominicano adquiere la mayoría de las acciones en La Tabacalera Por Dirección de Comunicaciones 29 de julio de 2022

El Gobierno dominicano y JT International Holding B.V. (JTI), accionista privado de La Tabacalera desde el año 2016, han llegado a un acuerdo mediante el cual JTI transferirá al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), sin costo alguno, la totalidad de sus acciones en La Tabacalera, las cuales representan un 50% del capital de esta sociedad. Con esta adquisición, el FONPER se convierte en el dueño del 99.5% de las acciones de la referida empresa...

CONOCE SOBRE FONPER O FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO DOMINICANO

El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) es una institución del Estado Dominicano creada en virtud de la Ley número 124-01, promulgada el 24 de julio de 2001.El FONPER tiene como misión fundamental velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizado a partir del año 1997. De conformidad con su marco legal, el FONPER debe invertir los beneficios que obtenga el Estado de las empresas reformadas en programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país.

CONCLUSIONES

La no privatización de grandes empresas estatales por parte del gobierno del PRM, Luis Abinader, Aliados y colaboradores representa un cambio significativo en la política económica del país, especialmente si se compara con los gobiernos anteriores, y tiene importantes implicaciones.

La política del gobierno @LuisAbinader del @PRM-Oficial y Aliados NO se ha caracterizado por la privatización de grandes empresas estatales. EN CAMBIO, ha buscado mecanismos de colaboración con el sector privado, principalmente a través de la Ley de Fideicomisos Públicos y de Alianzas Público-Privadas, para modernizar y gestionar de manera más eficiente los activos estatales, sin perder el control total sobre ellos.

Aunque el gobierno del PRM ha explorado y promovido la participación del sector privado en la economía, lo ha hecho principalmente a través de la figura de las Alianzas Público-Privadas y fideicomisos, sin proceder a la privatización total de empresas estatales.

Importancia y lo que representa:

Reconocimiento del valor de los activos estatales: El gobierno ha reconocido la importancia estratégica y el valor económico de activos como la Central Termoeléctrica Punta Catalina. A diferencia de las privatizaciones de los años 90, que buscaban deshacerse de empresas deficitarias o con problemas de gestión, la decisión de mantener Punta Catalina bajo control estatal demuestra la creencia de que estos activos pueden ser rentables y generar beneficios directos para el Estado, en lugar de transferirlos al sector privado.
Un enfoque alternativo a la privatización: En lugar de la venta de activos, el gobierno ha optado por el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) y la creación de fideicomisos. Esto representa un cambio de paradigma. La idea detrás de las APP es combinar la capacidad de inversión y la eficiencia del sector privado con la propiedad y el control estratégico del Estado. De esta manera, el gobierno busca:
- Acelerar la inversión en infraestructura: Atraer capital privado para desarrollar proyectos importantes (como el de Pedernales o la Autopista del Ámbar) sin que el Estado tenga que asumir todo el costo y el riesgo.
- Mejorar la gestión: Delegar la administración y la operación de ciertos servicios o proyectos al sector privado, que a menudo tiene mayor experiencia y puede ser más eficiente que la burocracia estatal.
- Mantener el control: A diferencia de una privatización total, el Estado conserva la propiedad de los activos y tiene un rol de supervisión y regulación, lo que le permite velar por el interés público y evitar monopolios.
Lecciones aprendidas de las privatizaciones pasadas: La decisión de no privatizar también refleja las lecciones aprendidas de las privatizaciones de los años 90. En el caso del sector eléctrico, la privatización no resolvió los problemas de eficiencia y generó una crisis que obligó al Estado a recomprar las empresas distribuidoras. El gobierno de Abinader parece haber tomado nota de estas experiencias y optado por una estrategia más cautelosa y controlada.
Impacto social y económico: La no privatización de empresas clave puede tener un impacto significativo:
- Generación de ingresos para el Estado: Si las empresas estatales son bien gestionadas, pueden generar ganancias que el Estado puede reinvertir en servicios públicos como salud, educación o seguridad.
- Estabilidad en precios y servicios: La propiedad estatal de activos estratégicos, como la generación eléctrica, puede permitir al gobierno tener un mayor control sobre las tarifas y garantizar la estabilidad en los servicios esenciales, sin la presión de maximizar las ganancias para accionistas privados.
- Combate a la corrupción (el objetivo): El uso de fideicomisos y APP, con mecanismos de transparencia y regulación, busca reducir las oportunidades de corrupción que a menudo se asocian con la privatización de grandes activos.

En resumen, la política del gobierno de Luis Abinader se aleja del modelo de privatizaciones masivas de empresas estatales y se enfoca en un enfoque más estratégico de colaboración con el sector privado. Esto representa una apuesta por la eficiencia a través de la gestión privada, manteniendo la propiedad y el control estatal sobre los activos clave, lo que se espera que genere beneficios a largo plazo para la economía y la sociedad dominicana.

MEMORIA DOMINICANA ACTIVADA

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Privatización de las Empresas Del Estado de la República Dominicana en la década de los años 90 por el ex presidente Leonel Fernández

VIDEO POR Liga Amistad Latina Miami FL

La Privatización de las Empresas Del Estado de la República Dominicana en la década de los años 90 por el ex presidente Leonel Fernández : UN EJERCICIO CON RESULTADOS NEGATIVOS, NADA POSITIVO QUE EXHIBIR

La privatización de las empresas del Estado en la década de los años 90 por el ex presidente Leonel Fernández, fue un ejercicio con resultados negativos, nada positivo que exhibir. Este modelo privatización no trajo soluciones, sino que sirvió para beneficiarse unos cuantos.

Las empresas privatizadas fueron: energía eléctrica, ingenios azucareros, empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales y aeropuertos. Según el gobierno la intención era promover la inversión de recursos frescos, liberarse del aporte de subsidios millonarios y garantizar mejores servicios a la ciudadanía, hoy ocurre todo lo contrario, no hubo las inversiones prometidas, el Estado ahora gasta más en subsidios y los servicios han colapsado.

Por Alodia Pichardo

9 agosto, 2014

En caso de la energía, la población ha sido perjudicada, no se tiene energía, se subsidia y se paga cara, se escenifican cadenas de protesta a nivel nacional por el tema.

Los Ingenios Azucareros Estatales eran 10 al momento de la privatización, con esto se ha contribuido a aumentar el desempleo, donde la población de los ingenios ha tenido que recurrir al mercado laboral informal, por haber quedado miles de trabajadores sin trabajo.

Las de empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), eran 26 en su conjunto, de esas 23 desaparecieron y sólo tres: Molinos del Ozama, La Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus beneficios van al Estado.

En caso de los Hoteles propiedad del Estado, eran un total de 19, con 1,277 habitaciones, se arrendaron estas infraestructuras a 20 o 30 años, alegando el propósito de que sean reacondicionadas y puesta en operación.

En esto se escenificaron demanda como fue el caso del periodista Marino Zapete, en su calidad de ciudadano, sometió un recurso legal contra el reparto el arrendamiento de las 203 cabañas del residencial Ercilia Pepín, de Jarabacoa, propiedad del Estado dominicano, que fuese irregularmente repartida entre funcionarios civiles, militares, dirigentes políticos, periodistas y particulares.

El ex ministro de Turismo, Félix Jiménez, cedió al empresario Félix Cabrera en un contrato ilegal y lesivo al interés nacional, el contrato del arrendamiento del Hotel Montaña, en Jarabacoa.

Los aeropuertos fueron traspasados al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), es la empresa concesionaria para la administración y operación de seis aeropuertos del Estado Dominicano, por un periodo de 30 años.

El gobierno asume un papel de estimulador, orientador y regulador de la economía, en las distintas modalidades de privatización, inversiones conjuntas, en arrendamientos o asociaciones conjuntas entre empresas privadas y empresas del Gobierno, las expropiaciones son cedidas para beneficiar adeptos que hicieron posible su asunción al gobierno.

Todo esto ha pasado en los gloriosos gobiernos del PLD, gobiernos matizados por la corrupción, inseguridad ciudadana, narcotráfico, los crímenes de la policía con intercambios de disparos, contra los jóvenes de los barrios marginados, ahora no son comunista ahora son micro traficantes de drogas, crimen organizado con el nuevo componente del sicariato, para sellar y acallar la situaciones.

FEBRERO 2006 DIARIO LIBRE: RD ha perdido con privatización

Santo Domingo. El proceso de privatización iniciado en las empresas del Estado a finales de la década de los años 90 por el entonces presidente y gobernante actual, Leonel Fernández, ha llegado a su sexto año con resultados muy negativos y de pocas luces para exhibir.

En principio, las críticas fueron de opositores al Gobierno, pero luego los propios miembros del partido oficial (PLD) y hasta el mismo presidente Fernández, han reconocido que el modelo de la privatización no trajo las soluciones deseadas.

Las áreas privatizadas fueron las de energía eléctrica, ingenios azucareros, empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales y los principales aeropuertos del país. La intención del Gobierno era promover la inversión de recursos frescos, liberarse del aporte de subsidios millonarios y garantizar mejores servicios a la ciudadanía. Hoy ocurre todo lo contrario, pues no hubo las inversiones prometidas, el Estado ahora gasta más en subsidios y los servicios no han mejorado.

El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, reconoce que el Gobierno cometió el error de ver la privatización como un fin en sí mismo, y no como una de varias alternativas.

En materia energética

El caso más dramático y perjudicial de la privatización se presenta en el sector energético nacional. Antes de la privatización, el Estado tenía el monopolio de la energía, el servicio sólo abastecía el 70% de la población, las instituciones del Estado no pagaban la luz y el Gobierno sólo aportaba en subsidio RD$205 millones al mes, para un total de RD$2,460 millones al año.

Luego de la privatización, las instituciones del Estado tienen que pagar la luz, la oferta sólo abastece el mismo 70% de la demanda, pero el aporte del Estado se ha multiplicado por seis y llegó el año pasado a RD$17,000 millones, un promedio mensual de RD$1,417 millones. Este año el gasto oficial será mayor. A eso se agrega el hecho de que ya el Estado no tiene el control sobre las empresas energéticas y el aumento de la generación es un mito, pues se trata de “capacidad instalada”, no de energía disponible, pues muchas plantas tienen elevados costos operativos.

Los ingenios del Estado

Eran 10 centrales azucareros al momento de la privatización. De ésos, siete estaban en operación, aunque con muchas dificultades. Llegó el proceso de arrendamiento y los 10 centrales pasaron a cuatro consorcios, de los cuales dos se fueron a la quiebra, uno tiene dificultades económicas y sólo uno se mantiene operando con normalidad: el ingenio Barahona, aunque con atrasos en el pago de la cuota.

Así lo expresó el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Enrique Martínez, quien afirma que los centrales Quisqueya, Santa Fe, Haina, Ozama, Consuelo, Boca Chica y Amistad están cerrados.

En tanto que el ingenio Porvenir volverá a hacer zafra este año bajo la administración del CEA y Montellano todavía no tiene seguridad de moler en Puerto Plata este año.

Las empresas de CORDE

La privatización también incluyó 26 empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), de esas 23 desaparecieron y sólo tres: Molinos del Ozama, La Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus ganancias al Estado dominicano.

Reforma de Corphotel

Se trata de la organización que agrupa a los hoteles del Estado. En esa área no se hizo mucho y desde el principio la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), amparada en la Ley 141-97, informó que sólo se promovería el arrendamiento de los hoteles del Estado en la medida en que se vencieran los contratos que hasta ese momento se mantenían vigentes.

El sector privado sólo ha invertido en los aeropuertos una cuarta parte

En el año 1999 la administración de los cuatro aeropuertos estatales (Las Américas, provincia Santo Domingo; María Montez, en Barahona; Gregorio Luperón, en Puerto Plata, y Arroyo Barril, en Samaná) fue traspasada al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Posteriormente se le entregó la administración de la terminal Doctor Joaquín Balaguer, en El Higüero, provincia Santo Domingo, que comenzó a operar hace cinco días. Esa concesión implicó el compromiso de Aerodom de invertir US$411 millones en remodelación, ampliación y modernización de las terminales del Estado. Hasta el momento ha invertido unos US$120 millones. En la actualidad trabaja en la construcción del aeropuerto El Catey, en Samaná.

LEONEL FERNADEZ lo reconoce

El pasado dos de diciembre (2006) el presidente Leonel Fernández hizo una especie de mea culpa cuando admitió que la privatización de las empresas estatales no dio los frutos esperados, que la promovió por necesidad y no por filosofía. Dijo que la experiencia le indica que hay que actuar con cautela y que las sugerencias de organismos internacionales deben ser analizadas con base en la realidad del país.

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– ASÍ DE CLARO-

CELEBRAMOS JUNTOS 5 AÑOS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE @LuisAbinader, @PRM_oficial , PARTIDOS ALIADOS Y COLABORADORES

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