La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, se postuló nuevamente el viernes (27.02.2026) a la máxima corte del país, con lo que, según sus críticos, busca garantizarse inmunidad ante acusaciones de corrupción por las cuales recibió sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Es la segunda carta que se juega Porras para llegar a la Corte de Constitucionalidad, tras perder hace dos semanas la elección de los primeros dos magistrados, de un total de diez, en otra instancia.
Esta vez la fiscal, quien intentó impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo hace dos años, presentó su aspiración a la Corte Suprema, que elegirá a otros dos magistrados del tribunal constitucional, cuyos fallos son inapelables.
Un vocero de la Corte dijo en rueda de prensa que recibieron los expedientes de 39 candidatos para magistrados titular y suplente, entre los que se encuentra la fiscal. Según la prensa local, Porras envió su documentación por medio de una representante.
Porras, de 72 años y quien también busca un tercer período en la fiscalía, es señalada de empujar al exilio a exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, debido a lo cual Washington y el bloque europeo la sancionaron bajo etiquetas como “corrupta” y “antidemocrática”, que ella niega.
Además, expertos de la ONU la vinculan con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que también rechaza.
Guatemala está inmersa desde enero en un proceso para elegir a los miembros de las máximas instancias judiciales, incluida la Fiscalía, cuyo titular será designado por Arévalo a más tardar el 16 de mayo de una lista de seis aspirantes.
El mandatario encabeza las denuncias de que el sistema de justicia guatemalteco está bajo la influencia de una élite política y económica corrupta.
Fuente: Deutsche Welle
