Pese a los avances registrados durante el 2022 en el sistema de justicia dominicano, de acuerdo a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) persisten retos a enfrentar para este 2023, entre ellos, lograr la transformación del sistema penitenciario, “que se ha convertido en una grave anomalía en el régimen democrático; lograr mejores índices de éxito en la persecución del crimen organizado; incentivar el uso de vías alternas de resolución de conflictos; mayor asignación presupuestaria conforme a la ley; más apoyo a la Defensa Pública y a la reforma policial en marcha.
De acuerdo a la entidad de la sociedad civil es urgente que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para establecer un censo penitenciario que permita poner al día la totalidad de las órdenes de libertad en todos los tribunales de ejecución de la pena y de la sanción adolescente y garantice la reducción de la cantidad excesiva de presos preventivos.
En cuanto al Ministerio Público considera pertinente alcanzar mejores índices de éxito en la persecución del crimen organizado transnacional, sobre todo, en los casos de trata y tráfico de personas, delitos financieros y corrupción.
Seguir fortaleciendo la capacidad de dirección de la investigación penal en una relación más cooperativa con la Policía y otras agencias de investigación o persecución, incrementando las posibilidades del logro de condenas en los casos presentados ante la jurisdicción penal.
También fortalecer los mecanismos de fiscalización funcional al interior del Ministerio Público para garantizar los criterios de unidad en las actuaciones en sus diversas dependencias.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, considera necesario reforzar la cultura de eficiencia que se ha puesto en ejecución en los tribunales, y que se incentive el uso de vías alternas de resolución, para que en corto plazo la mayoría de los casos se resuelvan con penas sin llegar a juicio, lo que se traduciría en grandes economías en los limitados recursos que llegan a la judicatura y otros órganos del sistema.
Asimismo, implementar de manera planificada y sistemática la nueva ley de uso de medios digitales en todo el país, que permita el establecimiento del canal digital para los usuarios, las audiencias virtuales, los centros de consulta y autoservicio y los cubículos para las audiencias virtuales.
Favorece realizar las consultas de lugar en la comunidad jurídica y la sociedad en general sobre la importancia de la actualización y adecuación de la ley de casación, que de acuerdo a lo expresado representa un factor de inercia por su obsolescencia.
Castaños Guzmán plantea aumentar las cámaras especializadas, ampliando el número de sus jueces y adecuar los espacios físicos de acuerdo a las necesidades.
En este sentido es urgente que sea inaugurada la Ciudad Judicial en el municipio de Santo Domingo Este, agregó. “Valoramos asimismo la necesidad de que los juzgados de paz sean la base de una nueva cultura ciudadana que refuerce la convivencia pacífica, la resolución alterna de disputas y la desjudicialización de una serie de procesos a su cargo, dando lugar a que estos juzgados se conviertan en un punto de encuentro de la justicia con las comunidades y faciliten la creación de un nuevo modelo de justicia al servicio de las personas”, agrega el jurista.
Desde su óptica, hay que dar pasos concretos para mejorar la gravísima situación que persiste en el sistema penitenciario, que condena a miles de personas a cumplir una pena anticipada y sufrir malos tratos.
En ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia presentó un balance general que, a su juicio, tuvo el sistema de justicia en el pasado año 2022 y del que se derivan algunos retos de gran importancia para la sociedad y la institucionalidad democrática.
En general, las labores del Poder Judicial se han dinamizado y la ralentización que se produjo en 2020 y 2021 ha cedido ante los cambios organizacionales introducidos.
La entidad valoró que las acciones que han encaminado los programas especializados de lucha contra la corrupción en el Ministerio Público han reflejado una clara determinación de iniciar procesos judiciales contra las prácticas de corrupción y combatir la cultura de impunidad.
Sin embargo, lamenta los enfrentamientos que se han derivado entre los operadores en su seno, lo que contraviene con el deseo de la sociedad de que estos procesos no sean empañados. “A fin de cuentas, tanto los miembros del Ministerio Público actuante como los magistrados del área penal, están realizando sus funciones en el marco de sus atribuciones legales”, agrega.
Lamentó la inobservancia de la ley que sustenta la autonomía financiera de los órganos del sistema de justicia y se quejó de la baja asignación de fondos. “Sin los recursos adecuados, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Defensa Pública no podrán contribuir a reducir o prevenir la criminalidad, investigar sus responsables ni aplicar las consecuencias que de ellos se derivan”, precisó Castaños Guzmán.
