El Estado es representado por un Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público
Equipo de abogados busca indemnización RD$23,903,465,542.00 por los daños y perjuicios que habría sufrido erario con las acciones que les imputan a los acusados
VIDEO NTelemicro5
El Estado, representado por el Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, se constituyó ayer en querellante y actor civil ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para obtener una indemnización de RD$23,903,465,542.00 por los daños y perjuicios que habría sufrido en su condición de víctima, como consecuencia de la violación en la que incurrió, según la acusación, la supuesta red detenida en la Operación Antipulpo.
Una nota dice que requirió hipotecas judiciales provisionales, embargos contra todos los imputados y entidades vinculadas y el levantamiento del velo corporativo y declaratoria de conjunto económico de todas las entidades que formaron parte del alegado entramado.
La acción fue incoada contra los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero y Messin Elías Márquez.
Empresas implicadas
Envuelve a Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. y Veintisiete 328, S.R.L.
Provecho al parentesco
El equipo afirma que Juan Alexis aprovechó su parentesco con el expresidente Danilo Medina Sánchez, en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020 y conformó una macroestructura integrada por los coimputados, entidades de carpetas que adquirió, y otras 16 hasta el momento identificadas.
Alega que hizo esto para gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional, ni personal que permitiera ofrecer estos servicios, verificándose que este entramado, en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que operan en el país, fueron concebidas para lucrarse del Estado.
“Lo que representa una operación que desde su inicio opera al margen del régimen legal de compras y contrataciones públicas establecido en el país a partir del año 2006 con la Ley 340-06”, refiere la acción.
Asegura el grupo de abogados que este entramado conformado comprendía actividades de una amplia y diversa gama.
El texto asegura que para lograr contratar con el Estado con este diverso catálogo de servicios y bienes Medina Sánchez contó con la participación de exfuncionarios como Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta y directora administrativa del Fonper 2016-2020; Fernando Rosa Rosa, presidente del órgano 2012-2020; Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez director de fiscalización de Oisoe 2015-2020; Francisco Pagán Rodríguez, director de la Oisoe 2015-2020; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ministro de Salud Pública 2012-2015 y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor 2012-2016.
Dentro de las presuntas actuaciones identifica el pago a personal de seguridad sin que prestar servicio; los montos dejados de percibir por impuestos de Aduanas, el pago a personal que trabajan en otros lados.
El expediente
Una variedad de imputaciones
Excesos
El equipo de abogados dice que los acusados obtuvieron desembolsos a través del Banco de Reservas sin justificación, pagos en exceso de lo estipulado y sin las certificaciones de la DGII y TSS, contrataciones rescindidas sin exigir la devolución de los pagos avanzados y sin ejecutar las pólizas de garantía de fiel cumplimiento.
Más cargos
También le imputa modificaciones en los contratos para aumentarlos bajo el pretexto de adicionar la partida de Itbis, ya contemplada, pagos de supervisión de obras por montos que exceden el 5% que prevé la norma.
Muchos renglones
Otra acusación es la de duplicados de las mismas obras ejecutadas, por venta de gasolina premium y gasoil óptimo sin que la institución lo reciba, libramientos sin encontrarse registrados en la Contraloría de la República y conformación de consorcio y cesión de contrato por encima de lo que establece la ley.
Sepa Más
Gobierno se constituye en actor civil y se querella contra imputados en caso Anti Pulpo
El Estado Dominicano presentó este martes una querella y se constituyó en actor civil ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra los involucrados en el caso Anti Pulpo.
Los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario forman parte del equipo de juristas conformados mediante el decreto 22-21, para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
El Estado pretende obtener una indemnización por la suma de RD$23,903,465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole.
El grupo señala que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, conformó una macro estructura, con el propósito de poder gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado dominicano, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional, ni personal que permitiera ofrecer estos servicios, verificándose que este entramado actuaba en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que lícitamente operan en el país.
Señalan que algunas de las irregularidades que se le comprobaron a Medina Sánchez está el pago a personal de seguridad sin que se prestara ningún servicio; los montos dejados de percibir por conceptos de impuestos de Aduanas y recargos.
Asimismo, el pago a personal que se encontraba prestando servicios en otras entidades del Estado; los contratos por servicios profesionales prestado por funcionaros públicos en violación a la Ley, en franca incompatibilidad; las cesiones de crédito efectuadas en violación a la Ley; los pagos duplicados por las mismas obras y las adendas para aumentar el precio de las obras adjudicadas que excedían el 25% que prevé la Ley.
Los demás imputados en este caso son: Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Múñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero Y Messin Elías Márquez Sarraf.
También las entidades Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. Y Veintisiete 328, S.R.L.
REFLEXION| Como lo expresó Emiliano Zapata: Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Simple y comprensible verdad??
Video NTelemicro5
