"A día de hoy, de lo que se habla es de hubs. Según el Reglamento de Retorno, una persona que llegue a España o a otro país de la Unión Europea (UE) y solicite un permiso, sea el que sea, y este le sea denegado, podría ser enviada a un centro de estos para que desde allí se gestione su regreso”, explica a DW Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
"En la práctica, personas de América Latina, por ejemplo, que no hayan obtenido un permiso y permanezcan en situación irregular, podrían ser enviadas a un centro de retorno fuera de la UE", precisa.
Una vez que el Consejo de la UE de luz verde al Reglamento de Retorno aprobado en junio por el Parlamento Europeo, los países tienen 12 meses para su plena entrada en vigor. Este reglamento permite, entre otras cosas, detectar y detener a personas en situación irregular o a quienes se les haya negado el asilo; luego, enviarlas a centros fuera de Europa hasta 30 meses, independientemente de su edad.
"Aunque aún no se especifican las funciones que tendrían, como organización de defensa de derechos humanos estamos totalmente en contra de ellos, sobre todo por una cuestión fundamental: se pone en riesgo el principio de no devolución, que es uno de los pilares básicos del derecho de asilo", afirma Mónica López.
Cabe recordar que el Reglamento de Retorno es el último pilar del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entró en vigor a mediados de junio y que prevé solidaridad entre los Estados miembros del club europeo, así como control y registro en las fronteras.
Según explicó la Comisión Europea en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, se trata de ayudar a los Estados miembros a gestionar la migración irregular, atajándola también a lo largo de las rutas migratorias.
Frenar la criminalidad y ofrecer apoyo en los puntos de partida son igualmente parte del objetivo declarado de esta nueva política de migración europea. Países como Túnez y Ruanda serían puntos nodales de retorno. "En Mauritania se están creando Centros de Atención Temporal de Migrantes con dinero de España y la Unión Europea”, sigue la directora de CEAR.
Paralelamente a estos "return hubs", la Comisión Europea planea, con ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la creación de centros multimodales. En estos centros, los migrantes podrían entregar sus solicitudes de ingreso, comprobar si tienen un perfil laboral necesario en la UE, acceder a servicios y asistencia.
"Esta política de externalización de fronteras de la UE lleva a que esos centros se abran en países que no destacan precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos", apunta la directora del CEAR. "Nos preocupa muchísimo que se puedan violar esos derechos y que, desde luego, no se cumplan las garantías necesarias para garantizar el derecho de asilo", añade.
Con respecto a la inmigración latinoamericana a Europa, hay que tener muy claras sus vías. "Llegan como turistas. Aquí piden refugio, sea político, sea por desplazamiento por situaciones de guerra, por cambio climático. También por hambre”, explica a DW Antonia Ávalos, presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes. "Al vencerse los tres meses, si no hay respuesta al asilo, se quedan de manera irregular", agrega.
Cabe recordar que el Pacto de Migración y Asilo prevé también la promoción de vías legales para la migración. "Llevamos años demandando programas de migración circular y el establecimiento de mecanismos para que la gente pueda llegar a Europa de manera legal, sin tener que jugarse la vida en el mar", y sin que pasen años invisibilizados en la economía sumergida, sigue Mónica López.
Esto quedó patente en las más de un millón de solicitudes de regularización que fueron presentadas en España, provenientes en un 25,9 % de ciudadanos de Colombia, 11,8 % de Venezuela, 8,8 % de Perú, 4,8% de Honduras, 3,8 % de Paraguay y 2,3 % de Argentina.
Las críticas al proceso de regularización iniciado por España no han faltado. No obstante, "ha sido un acierto para toda la sociedad, pues, si bien fue impulsado desde la sociedad civil, fue apoyado por el tejido empresarial, los sindicatos, la Iglesia”, afirma Mónica López.
"Se trata de gente que ya vivía en España y que, en muchos casos, trabajaba invisibilizada en la economía sumergida. Optar por la vía legal no significa más que reconocer una realidad que existe. Ha sido una gran bocanada de esperanza para estas personas”, agrega la directora de CEAR.
En cualquier caso, tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno van tomando formas concretas. Según datos de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, en el primer semestre de 2026 se registró, con respecto al mismo período del año anterior, una baja del 40 % en las entradas irregulares. Por otro lado, por lo pronto, en Europa, no se avizoran regularizaciones.
¿Qué sucederá con la gente que esté de forma irregular en los 27 países del club europeo? "Se quedarán otra vez excluidos en los márgenes. Entraron más de un millón de solictudes, pero esto no significa que todas vayan a ser aprobadas. Por otro lado, se han dado casos de gente que trabaja en el campo, como interna, que no recibió el permiso para ir a presentar papeles, y otros de personas que se han enfrentado al colapso de los consulados cuando se trató de pedir papeles", sigue Antonia Ávalos, cuya organización opera desde el sur de España.
Por lo pronto, informa la presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes, "los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están llenos de latinoamericanos que no han robado ni agredido. Solo no tienen una situación migratoria regular”. En su opinión, España podría argumentar que ya cuenta con return hubs. Aparte de esto, según informa Antonia Ávalos, no hay aún políticas humanitarias de retorno.
"Puede suceder con ellos lo que estamos viendo ya en la política de Estados Unidos, que envía migrantes a centros en El Salvador o en otros países con los que ha firmado acuerdos. Los latinoamericanos pueden acabar en Mauritania”, responde la directora de CEAR.
Fuente: Deutsche Welle
