Dos opiniones Por Juan Bolívar Díaz
En juego el Estado de Derecho
Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.
El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.
Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.
El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.
Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.
Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.
Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.
La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.
Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-
Nuevo escándalo: el PLD y su gobierno socavan la institucionalidad democrática: Juan Bolívar Díaz
Por Juan Bolívar Díaz
Hay indicios de consternación en la sociedad dominicana por las presiones desatadas contra la mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularon una convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al extremo de ser amenazados con juicio político.
Ante una situación que pudiera ser subsanada, el gobierno prefirió un nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia, lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática.
¡Expectativas y presiones!
Con esas dos palabras encabezaba HOY su portada del pasado lunes 8, informando que “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones se han creado desde mediados de la semana pasada en relación con la sentencia que será leída hoy por el Tribunal Superior Electoral tocante a una convención del Partido Revolucionario Dominicano”. Agregaba que la sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del gobierno, originando presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.
Las primeras indagatorias periodísticas del lunes antes de emitirse el veredicto develaron el escándalo. Ministros del gobierno (el Listín Diario luego informaría que cuatro, tres de ellos dirigentes del PLD), habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo para que revirtiera el dictamen que anula la 34 Convención del PRD celebrada en diciembre del 2017, recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes del secuestro democrático en que cayó ese partido a partir del 2013.
Al doctor Liranzo lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el Procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese tribunal. Aunque todas esas informaciones tuvieron profusa difusión por todos los medios, hasta anoche nadie del gobierno ni del PLD las había desmentido.
Hubo más, pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twiteó planteando que la procuraduría debería investigar quién es el propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación.
Una intimidación general
No causó mucha sorpresa que diputados y dirigentes del PRD gritaran contra el presidente del TSE y los jueces Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, que habían sostenido su sentencia, pese a los votos disidentes de los otros dos miembros, Arístides Madera y Cristian Perdomo. Pero el escándalo cobró mayor dimensión cuando Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general del PLD y miembro del Consejo de la Magistratura, planteó una investigación de la cámara de Diputados para determinar si procede un juicio político a los magistrados que se atrevieron a emitir un fallo que pone en aprietos a un partido aliado.
El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, se mostró presto a examinar el pedido, mientras en los medios de comunicación la legión de comentaristas del gobierno pregonaba las consecuencias de desafiar al poder, ya fuera desde los partidos opositores como de las instituciones del Estado. Todo ello generó alarma en los diversos sectores, con rechazos tajantes de líderes políticos e instituciones sociales como Participación Ciudadana, Finjus, dirigentes evangélicos, con gran acogida en los medios informativos y editoriales como los del Listín Diario y El Día, que lo denunciaron como “inadmisible abuso de poder” y “Amenaza inaceptable”.
Participación Ciudadana estimó que “se trata de un mensaje mordaza, que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún a aquellas autónomas como la Junta Central Electoral”. Esta tiene pendiente fallar sobre controversias que envuelven al partido gobernante, como el arrastre de los senadores por el voto de los diputados, y el reglamento de la nueva Ley Electoral, y el Tribunal Constitucional (TC) tiene para emisión fallos sobre una decena de impugnaciones de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos. El mensaje también puede estar dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo, donde algunos pretenden buscar amparo sobre “el derecho del Presidente” a la reelección.
Una sentencia bien fundamentada
La sentencia TSE-012-2019 está bien fundamentada a juicio de juristas como Servio Tulio Castaños y Francisco Alvarez Valdez. Está contenida en 79 páginas, seguidas de los dos votos disidentes, más extensos, que la llevan a 173. Tiene 123 consideraciones y, contrario a lo que algunos alegan, acata sin discutirla la del TC que acogió en revisión la primera anulación de la convención del PRD dictada por el TSE en marzo del 2018, acogiendo la impugnación de un grupo de dirigentes perredeístas porque no se les convocó previamente a la sesión de su Comisión Política que originó el proceso convencional.
El TC consideró que el TSE se había excedido al aplicar estándares ordinarios de derechos que no figuraban en los estatutos del PRD. Pero como los impetrantes también objetaban el siguiente paso del proceso, por falta de quorum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que convocó la Convención para diciembre del 2017, con las audiencias de rigor se revisó ese alegato. El acta de esa reunión aportada por el PRD dice que asistieron 975 de un listado de 1176 miembros registrados en la JCE, pero sin constancia de fiscalización de este organismo, y el notario público sólo certificó las firmas del presidente y el secretario, sin referirse a los asistentes.
En minucioso relato, el dictamen indica que los dirigentes del PRD presentaron un listado de 1257 asistentes, 81 más de los registrados en la JCE, pero sólo aparecen las firmas de 471 en la casilla correspondientes y otras 42, al dorso del listado para totalizar 513, pero 33 de éstos no figuran en el listado registrado en la JCE, por lo que sólo 480, quedaron documentados como asistentes, faltando 109 para la mitad más uno de los 1176 miembros legalizados. En consecuencia el TSE declaró nula la reunión del CEN por falta de quorum, como alegaron los impetrantes, lo que deja sin efecto la convocatoria de la Convención y las decisiones que ésta tomó, entre ellas una reforma estatutaria y la reelección del presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones Peggy Cabral, el Secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, para el período 2017-21.
Obliga a otra convención
La sentencia es un grave tropiezo para la autocracia impuesta en el PRD por el actual canciller de la República Miguel Vargas, desde que inició su alianza con el PLD, primero con el presidente Leonel Fernández, y luego con el actual mandatario, pero no es catastrófica en sí misma, pues la situación tiene una salida, que no es desafiar un tribunal que, según el artículo 214 de la Constitución “es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos”. Carece de legalidad la reacción de que la dirección sigue en funciones.
Los dirigentes afectados pueden volver al TC, pero ahora es difícil que pueda objetar la nueva sentencia, fundada en los estatutos del PRD y en principios constitucionales y legales. Pero también es un camino largo, que obligaría a audiencias y consumiría las siete semanas que faltan para el plazo del 7 de junio en que, según la Ley de Partidos, deberán hacerse las reservas de hasta el 20 por ciento de las candidaturas para alianzas en los comicios del próximo año. Sin autoridad legítima eso no será viable. Lo procedente sería convocar otra vez el CEN para que decida una nueva convención al menos para elegir los dirigentes. Ahora tendría que ser acorde con el artículo 18, numeral 6 de la Ley Electoral 15-19, que establece la responsabilidad de la JCE, de “organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos” la elección de candidatos y dirigentes. No podrán impedir a tiros la votación de los persistentes disidentes encabezados por Guido Gómez Mazara, quien competía por la presidencia, como ocurrió en la convención de marzo del 2014 que “reeligió” a Vargas y los suyos, pese a lo cual fue reconocido por los entonces titulares del TSE. Mientras tanto se asume que la JCE no podrá entregar los 25 millones de pesos mensuales que este año corresponderían al PRD, lo que ya fue objetado formalmente por los disidentes.
Suenan las alarmas
Las acciones y hasta intento de juicio político al TSE, sin suturarse el desparpajo de falsedades, espionajes y calumnias para sacar de lo Suprema Corte al mayor símbolo de la independencia judicial Miriam Germán, detonado alarmas en la oposición política y la sociedad. Parecería inscribirse en el discurso del presidente Medina del 27 de febrero cuando se manifestó “dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria”. En este escándalo, como en el del Consejo de la Magistratura, el silencio del presidente Danilo Medina luce ominoso.
En plena campaña por la postulación para la reelección del mandatario, gastando decenas de millones de pesos en actos provinciales multiplicados cada fin de semana, con reiteradas afirmaciones de que “la reelección va como quiera”, por vía de la compra de votos para una asamblea revisora de la Constitución, o bajo alegato de que se viola el derecho de Danilo Medina, la reacción ante el dictamen del TSE constituye una escalada que deja en jaque la institucionalidad democrática.-
Sobre el autor;
Director de Informaciones de Teleantillas y analista político del diario Hoy. Militante de Participación Ciudadana. Gremialista de toda la vida.Fiel seguidor de las Estrellas Orientales
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