“En Guatemala está en juego no solo la estabilidad del Estado de derecho y la existencia de un sistema judicial imparcial, sino también la garantía de que las próximas elecciones generales de 2027 transcurran de forma democrática”, explicó a DW Diana Riba, presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central en el Parlamento Europeo; acaba de regresar de una visita al país centroamericano. Deja claro que, para la democracia guatemalteca, las elecciones de segundo grado que tendrán lugar en 2026 sientan las bases institucionales para los años venideros.
De fondo está que este año se renovarán el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, así como el fiscal general y la Universidad de San Carlos, una institución académica clave para la democracia del país.
“Es fundamental acompañar este período electoral”, continúa Diana Riba. “Vinimos a reforzar el mensaje de que, desde la Unión Europea (UE), queremos apoyar a los países que avanzan por la vía democrática con instituciones fuertes y estabilidad jurídica”, subrayó la diputada europea. “Hemos dejado claro también que rechazamos toda persecución política o judicial contra el presidente o contra los magistrados”, añadió, en referencia a las persecuciones judiciales vividas en los últimos años en Guatemala.
Cabe recordar que desde Bruselas se apoyó activamente la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024; el proceso estuvo a punto de ser impedido mediante argucias legales por parte del Ministerio Público. Es más, aún siguen vigentes las sanciones europeas impuestas por “socavar la democracia”; entre los sancionados figura la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca la reelección.
“Desde el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, el sistema de justicia fue cooptado por grupos de poder político y económico que buscan impunidad por hechos de corrupción y por crímenes del conflicto armado interno. La fiscal general, Consuelo Porras, al servicio de estos grupos, ha utilizado el Ministerio Público para obstruir investigaciones y ha perseguido a fiscales y jueces anticorrupción, periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas”, explica a DW Denys Martínez, especialista de la organización Impunity Watch en Guatemala.
Por si fuera poco, “las actuaciones de la fiscal general han sido protegidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, igualmente cooptadas por los mismos grupos de poder político y económico. Esto ha provocado más impunidad y una creciente falta de confianza en el sistema de justicia”, añade Martínez.
La situación del sistema judicial guatemalteco es ampliamente conocida por las instituciones internacionales. Observadores de la UE, de la OEA y una misión de expertos independientes siguen de cerca estos procesos electorales.
La ONU ha señalado en varias ocasiones su preocupación. Según dijo a DW Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, es especialmente crítico que entre los aspirantes a altos cargos figure una persona vinculada al caso de adopciones ilegales ocurridas tras el conflicto armado.
“Está bien documentado que el aparato judicial, el Ministerio Público, las fiscalías y los tribunales no han cumplido con los estándares internacionales respecto a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado”, afirma Duhaime.
Una de esas vulneraciones fue presentada recientemente ante la ONU en Ginebra: adopciones internacionales ilegales de unos 80 menores. En uno de los casos mejor documentados ante la CIDH está implicada directamente la actual fiscal general de Guatemala.
“Estamos hablando de asegurar el derecho de las víctimas a la justicia”, subraya Duhaime. “Es crucial que los actores del aparato público sean competentes, imparciales e independientes”, afirma, aludiendo a la esperanza de un cambio en el sistema judicial.
En este contexto, “las elecciones de 2026 se ven como una ventana de oportunidad: se elegirá al próximo fiscal general y a magistrados. El mayor desafío es que las comisiones de postulación también están cooptadas por esos mismos grupos de poder”, explica el especialista de Impunity Watch.
Así las cosas y haciéndose eco de diversas fuentes tanto políticas como de la sociedad civil, a su vuelta de Guatemala Diana Riba habla de inquietud y preocupación, tanto en lo que respecta al país como a la región. “En Guatemala se entrelazan muchos temas que van desde el apoyo a los sistemas democráticos hasta el crimen organizado transnacional. Vemos lo que está ocurriendo en México. Guatemala es clave para estabilizar la región”, afirma.
Entonces, aparte de acompañar el proceso, ¿cuál es el papel de Europa? “Se suele ver a la Unión Europea como un conjunto de Estados que pueden invertir en la región. Pero sin seguridad jurídica es muy difícil que lleguen esas inversiones”, responde. “Estas elecciones de segundo grado son importantes para la estabilidad del país, por eso las acompañamos. También para garantizar que las próximas elecciones generales sean transparentes y justas”, concluye Diana Riba.
Fuente: Deutsche Welle
