El exmiembro de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, afirmó que el Procurador Electoral, será un dependiente del Procurador General de la República, por lo que carecerá de la independencia y la autonomía necesaria para perseguir los crímenes y delitos electorales.
El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfatizó en que lo conveniente es que este funcionario no sea designado, hasta que se produzca una Reforma Constitucional que garantice su absoluta independencia del Ministerio Público.
“La mejor contribución que podría hacerle el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al proceso electoral, es mantenerse distante del mismo”, expuso.
Olivares consideró que en lugar de una solución, el Procurador Electoral es un problema porque a su juicio no es confiable para los partidos de oposición ni para la sociedad, motivo por el cual, la Junta Central Electoral, por su autonomía e independencia “debe ser la canalizadora del procesamiento de los delitos electorales”.
“Debería ser inaceptable para la oposición que los fiscales, la mayoría de los cuales pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, tengan a cargo la persecusión de los delitos electorales en el actual proceso electoral”, indicó.
Mientras tanto, los partidos y los candidatos, como partes legítimamente afectadas, conforme al artículo 281 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, deben apoderar directamente al Tribunal Superior Electoral, que es el órgano competente para conocer los delitos y crímenes electorales.
Planteó que la sociedad civil, al presenciar la comisión de un delito o crimen electoral, en lugar de denunciarlo por ante el Ministerio Público debe hacerlo ante la Junta Central Electoral o a las juntas electorales, que son los organismos facultados para apoderar al Tribunal Superior Electoral.
El tema de la compra y venta de voto generar violencia en la jornada electoral, debido a que, al margen de los partidos, podrían formarse grupos armados que operarían para despojar a los compradores del dinero utilizado para la comprar de votos.
La compra y venta de votos es un crimen electoral que se castiga, de conformidad con los artículo 282 y 283 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, respectivamente, con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, en el caso de los compradores, y pena de seis meses a dos años de reclusión, en el de los vendedores.
Sostuvo que distinto al nuestro que es un dependiente del Poder Ejecutivo, en los países en los que existe el Procurador o Fiscal Electoral se aplica un estricto proceso de selección que garantiza su independencia.
Fuente: Diario Libre
