Opinión por Orlando Jorge Mera
Con la implementación de la Ley No. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos se ha generado un debate sobre el financiamiento de las primarias de los partidos, que se han acogido a esa modalidad, para el 6 de octubre de 2019. Cinco partidos irán a primarias simultáneas (por primera vez en la historia dominicana), pero de ellos, solo el PRM irá bajo la modalidad del padrón cerrado, es decir, de sus militantes.
Veamos lo que dice el artículo 47 de la Ley 33-18: “Apropiación de fondos para las primarias.- Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.
De la lectura de este texto se desprende que las primarias serán financiadas por: a) por los recursos que aporten los partidos políticos que irán a primarias, los cuales serán deducidos del aporte que hace el Estado; y b) de los aportes en naturaleza y logística que hará la Junta Central Electoral. Más claro que el agua.
El concepto “logística electoral” está muy bien explicado en el Diccionario Electoral del Instituto Interamericnao de Derechos Humanos (Capel, 2017), cuando señala: “La logística electoral se enfoca en las etapas que comprende cualquier proceso electoral: a) Preparación de la elección; b) Jornada electoral; y c) resultados de la elección”. (pág 664).
Estado debe suplir recursos a la JCE
Como cuatro de las organizaciones políticas que van a primarias, lo harán bajo la modalidad del “padrón abierto”, la Junta Central Electoral, como responsable organizadora de las primarias, tendrá que montar un evento muy parecido a unas elecciones generales.
En ese sentido, gran parte de su inversión será en el personal, en todo lo relacionado al voto automatizado y en todos los aspectos relacionados con el escrutinio. Por lo tanto, esas experiencias e igual los activos que pueda comprar, podrían ser utilizados en las elecciones del 2020.
Por tanto, es el Estado que tiene que suplir a la Junta Central Electoral los fondos requeridos para poder cumplir con el mandato de la Ley 33-18, y lógicamente, los partidos que participarán en las primarias, también tienen que aportar su cuota. La ley es dura, pero es la ley.
Fuente El Nacional
