Por Orlando Jorge Mera
Nadie lo duda: las actividades políticas y las campañas electorales cuestan dinero: “El financiamiento de la vida política es una necesidad y es un problema”, ha dicho la Red de Conocimientos Electorales de Naciones Unidas. Esta necesidad y sus implicaciones, hace crucial que la legislación sea clara respecto al financiamiento de las actividades de los partidos políticos, y el financiamiento de las campañas de los partidos y sus candidatos.
Las disposiciones relativas a las contribuciones de partidos y candidatos y sus gastos pueden ser regulados por la legislación electoral o por leyes que regulen a los partidos políticos y sus finanzas, como ocurre en el país.
La cuestión de la regulación financiera de los partidos políticos puede ser dividida en tres categorías: actividades generales de los partidos políticos, la campaña electoral y el uso y abuso de los recursos del Estado. Mientras que las actividades de los partidos políticos pueden incluir actividades generales (más allá de las actividades electorales), la campaña financiera se refiere a “transacciones financieras a partidos políticos o candidatos relacionados a una campaña electoral, que puede incluir aportes formales, financieros o donaciones de cualquier naturaleza o gastos”, como ha dicho la Organización de Estados Americanos.
Por tanto, la regulación de campañas financieras puede ayudar a promover la transparencia e integridad de los procesos electorales, y puede contribuir al ejercicio de la ciudadanía igualitario en los procesos democráticos de elección.
Mientras que el uso de los recursos del Estado con fines políticos es definido como: “El uso de recursos públicos y estatales y el uso de los recursos por parte de políticos incumbentes o partidos políticos para mantenerse en el poder, en violación a las leyes y normas electorales, y que comprometen la responsabilidad oficial de quienes ejercen el poder público”, como ha dicho Daniel Zovatto (2005).
Este es un tema crucial del cual el país está pendiente de saber si la autoridad electoral va a permitir que en estas elecciones de 2020 se utilicen los recursos del Estado para beneficio del candidato oficialista, de un partido que tiene 20 años en el poder. Espero que no. Como dominicano y político, quiero elecciones libres, justas y con equidad.
Que no se repita jamás que una SunLand o una Odebrecht vuelvan a inmiscuirse en la política dominicana. Que se sancione la corrupción y el narcotráfico en el financiamiento de la política. Este es el deseo de la mayoría de los dominicanos.
Que la Ley de Partidos y la Ley Electoral se cumplan, a total cabalidad, sobre todo con el tope del gasto de los precandidatos en la precampaña, que esperamos que la autoridad electoral ejerza su rol de fiscalización. Esto es democracia, y es la que debemos restaurar en 2020.
