Opinión por
Antonio Almonte [email protected]
PRM y el Pacto Eléctrico.-
La verdad es que luego de más de un año sin ni siquiera mencionarlo, zambullida su cabeza entre los riesgosos oleajes del mar Punta Catalina, el Gobierno anuncia, de sorpresa, una convocatoria para la firma del Pacto Eléctrico el pasado día 20 en el Palacio Nacional.
Con más de un año de ausencia, ya casi nadie recuerda el contenido final del documento que se pedía firmar.
La sorpresa fue mayor en el PRM, cuando al analizar las 58 páginas de ese último documento descubrió que no contenía una sola de las más de una docena de propuestas hechas por el la delegación del partido y tampoco habían sido consideradas ninguna de las objeciones y sugerencias sobre puntos incluidos en la propuesta oficial.
El comunicado publicado por el PRM el pasado martes 19 fue una muy recortada síntesis que no contiene todos los temas que ha propuesto y propone. Hay más.
Ahora bien ¿que contiene el documento presentado por el Gobierno?
La debilidad principal de la propuesta de pacto presentada es que deja casi intacta las cuatro causas principales de la crisis del sector eléctrico.
El documento de Pacto deja la organización y gestión de las tres distribuidoras exactamente igual que como sucede hoy, con tres consejos de administración y ni siquiera aceptaron la propuesta de que los gerentes sean designados mediante concursos públicos competitivos para evitar la politización. Tampoco aceptaron que los tres consejos se fusionaran en uno solo para reducir costos, aprovechar economía de escala y ganar eficiencia.
El Pacto tampoco propone nada sobre cómo garantizar inversiones privadas suficientes y a tiempo en nuevas plantas generadoras para satisfacer la creciente demanda y para evitar que se repita la sequía de inversión vivida entre 2003 y el 2012.
El PRM presentó propuestas para crear esas condiciones en el mercado mayorista y garantizar flujo automático de inversiones privadas pero las mismas fueron sorprendentemente rechazadas por el Gobierno.
El documento del Pacto tampoco propone ninguna novedad tendente a fortalecer el órgano regulador mediante la independencia política y económica de la superintendencia (SIE). Por el contrario, la deja igualita.
Fuente El Nacional
