En un revés político para el presidente Donald Trump, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló la mayoría de los aranceles que impuso en los últimos 13 meses, dictaminando que son inconstitucionales. Concretamente, el tribunal decidió por 6 votos contra 3 que el presidente se excedió en sus competencias al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para aplicar muchos de sus aranceles a los socios comerciales de EE.UU.
En previsión de la sentencia, la administración estadounidense había dejado claro que llevaba meses preparándose y que estaba dispuesta a aplicar rápidamente nuevos aranceles en virtud de otras leyes que permiten al presidente imponerlos. En respuesta al fallo judicial del viernes, Trump dijo que impondría un arancel global del 10 por ciento durante 150 días para sustituir algunos de sus aranceles generales que fueron anulados.
Los nuevos aranceles se aplicarían en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15 por ciento durante un máximo de 150 días a los países relacionados con problemas “graves e importantes” de balanza de pagos. A diferencia de otras opciones a disposición del mandatario, esta ley no exige investigaciones ni impone otras limitaciones procedimentales.
Sin embargo, si los nuevos aranceles se mantienen después de 150 días, los aranceles en virtud del artículo 122 necesitarían la aprobación del Congreso. “Tenemos alternativas, grandes alternativas”, dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa.
Los expertos jurídicos coinciden en que existe una serie de leyes adicionales que el presidente podría utilizar para imponer aranceles a determinados productos o socios comerciales sin el respaldo del Congreso. Pero requerirían investigaciones o argumentos sólidos, y su implementación es más lenta.
Una de los posibles resquicios legales que está sondeando la administración Trump está en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente aplicar aranceles a los países que violan los acuerdos comerciales internacionales y perjudican a las empresas estadounidenses. No hay límite en cuanto al importe o la duración de los aranceles, pero deben estar justificados y respaldados por largas investigaciones.
Otra opción está en el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite al presidente aplicar aranceles por motivos de seguridad nacional. Estos se dirigen a sectores específicos como el acero, el aluminio o la madera y necesitan el respaldo de una investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El presidente ya ha utilizado con éxito estas medidas anteriormente.
El viernes, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que “las estimaciones del Tesoro muestran que el uso de la autoridad de la Sección 122, combinado con los aranceles potencialmente mejorados de la Sección 232 y la Sección 301, dará lugar a unos ingresos arancelarios prácticamente sin cambios en 2026”.
Además de generar más incertidumbre y nuevas alternativas a los aranceles, la sentencia del Tribunal Supremo también podría suponer importantes reembolsos para los importadores estadounidenses afectados.
En 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, recaudó 287.000 millones de dólares (243.000 millones de euros) en derechos de aduana, impuestos y tasas. Esto supone un aumento del 192 por ciento con respecto al año anterior, según los cálculos del Banco de la Reserva Federal de Richmond.
Este dinero incluye derechos de aduana, impuestos y tasas de los aranceles que ya estaban en vigor cuando Trump llegó al poder, además de los importantes aranceles “recíprocos” añadidos desde que asumió el cargo.
Los importadores que pagaron estos aranceles se preguntan cómo recuperar al menos parte de ese dinero. Para esas empresas, sería un alivio muy bienvenido. Pero, dado que es probable que se impongan más aranceles, esto no mejorará mucho sus resultados ni la seguridad de su planificación. Para los particulares, el reembolso será más complicado, ya que las devoluciones se harían a los importadores —normalmente empresas— que pagaron los aranceles, y no a los consumidores.
Para el Gobierno, sería un doble golpe: tener que tramitar todas las devoluciones supondrá un reto y el Tesoro perderá miles de millones en ingresos.
Trump dijo el viernes que podría llevar años resolver la cuestión legal de si deben reembolsarse los miles de millones recaudados con sus aranceles. Afirmó que la cuestión “no se discutió” en la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. “Acabaremos en los tribunales durante los próximos cinco años”, afirmó.
Fuente: Deutsche Welle
