Opinión editorial Acento
Es enorme la expectativa que existe con la labor del Ministerio Público. Presionar a los fiscales para que comiencen a enviar expedientes a los tribunales tal vez no sea recomendable, pero por algún lado comenzarán, y todo dependerá de cómo el Ministerio Público instrumente el primer caso.
La Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad de dirigir la política criminal del Estado, y a su vez conduce el Ministerio Público en todo el territorio nacional, persiguiendo los delitos y crímenes contra las leyes y contra las personas. El Ministerio Público representa a los ciudadanos en sus deseos y ambiciones de justicia.
La PGR tiene también una gran responsabilidad en la persecución de los delitos contra el medio ambiente, contra el lavado de activos, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, contra los crímenes y delitos de alta tecnología, la corrupción en la administración pública y los delitos contra la salud.
También administra y controla las cárceles, los impedimentos de entradas y salidas del país, el abuso y violencia contra las mujeres, y en cada uno de estos casos, está obligada a trabajar preventivamente, cuidando siempre el interés común y la defensa de la integridad y transparencia de los actos públicos. Por ejemplo, estableciendo casas de acogidas con el Ministerio de la Mujer. Y como si todo ello no fuera suficiente, la PGR está responsabilizada de analizar y encontrar incongruencias y mentiras en las declaraciones juradas de bienes y patrimonios de los funcionarios entrantes y salientes. Además de que la Constitución del año 2010 le atribuyó una nueva responsabilidad: Ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y tomar decisiones sobre la designación de miembros de las altas cortes.
Estamos ante uno de los organismos más poderosos del Estado Dominicano, Aparte de tener fiscalías en cada municipio, la Procuraduría tiene la responsabilidad de encontrar alternativas a la frecuente judicialización de conflictos comunitarios, que ocupan tiempo y recursos a los fiscales. Y por si no fuera suficiente, actores privados llevan casos en los que solicitan la acción del Ministerio Público, y generalmente ocupan su tiempo y a veces los recursos más apreciados y necesitados de las instancias estatales.
Todo esto lo mencionamos porque este martes el Director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, acudió ante Wilson Camacho, Procurador Adjunto de Persecución de la Corrupción Administrativa, para entregar expedientes que involucran a funcionarios de la pasada administración en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Plan Social de la Presidencia de la República, para que sean investigados, porque existen documentos y evidencias que los presentan como candidatos a ser juzgados en los tribunales penales del país.
Previamente, el doctor Carlos Pimental se había presentado ante la Procuradora General, Miriam Germán Brito, junto a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora General de Ética e Integridad Gubernamental, para presentar documentos que involucran a varios funcionarios del pasado gobierno, encabezados por Gonzalo Castillo, como responsables de distribuir irregularmente contratos por 11,500 millones de pesos el año pasado, sin pasar por el procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones.
Luego se presentó la denuncia del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y el doctor Carlos Pimentel, sobre las compras irregulares del Asfalto Caliente (AC-30) por parte del Estado Dominicano. Al mismo tiempo la Procuradora Miriam German Brito reclamó las copias de numerosos expedientes de corrupción que habían sido archivados y enviados a la Fiscalía del Distrito Nacional. Todo esos documentos están en manos de fiscales que trabajan documentando cada uno de esos casos.
Posteriormente llegaron las declaraciones juradas más escandalosas, y han tenido que llamar a interrogatorios a funcionarios, legisladores y funcionarios del nuevo gobierno. Habría que añadir las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, y personas interesadas en la actuación del Ministerio Público en casos específicos, como ya ha anunciado el doctor Guido Gómez Mazara.
Este cúmulo de información podría seguir creciendo cuando las auditorías en las instituciones públicas determinen cuál es el estado de la cosa pública al momento de instalarse el nuevo gobierno. Por lo menos 15 abogados con experiencia han sido contratados para el trabajo de perseguir los casos que se documenten de corrupción. Y todo esto crecerá cuando los casos del sector eléctrico, incluyendo Punta Catalina, se conviertan en expedientes.
Es enorme la expectativa que existe con la labor del Ministerio Público. Presionar a los fiscales para que comiencen a enviar expedientes a los tribunales tal vez no sea recomendable, pero por algún lado comenzarán, y todo dependerá de cómo el Ministerio Público instrumente el primer caso. El caso Odebrecht no lo es y no puede atribuirse a las presentes autoridades, pero el caso Odebrecht 2.0 si lo será, y podría ser emblemático en poner distancia entre las pasadas autoridades de la PGR y las presentes. Nuestra expectativa con el trabajo de las nuevas autoridades del Ministerio Público, que la suerte y la profundidad de su trabajo hable de la obra que deben entregar al país.
