La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) solicitó  al presidente Luis Abinader que  ajuste el presupuesto a la Procuraduría General de la Repùblica, a fin de que atienda la demanda de los fiscales que piden aumento de salarios y  mejores condiciones laborales.

Abogó también por mejoría  del sistema penitenciario, que definió como caótico, debido a que  los internos merecen vivir con dignidad como lo establece la ley 113-21.

Demandó también del Consejo Superior del Ministerio Público resolver la situación de precariedad por la que atraviesan los fiscales,  afirmando  que varios han muerto en condiciones de pobreza, dejando a sus familiares en estado de calamidad.

“No hay tiempo que perder, demandamos soluciones a la problemática denunciada”, enfatizó.

Advirtió que si el presidente Luis Abinader no ajusta el presupuesto de la Procuraduría y ese órgano no atiende la demanda de los fiscales, habrá un colapso sin precedente en la historia jurídica del país.

“La  CNDH-RD ha podido comprobar las condiciones de vida y de trabajo en que desempeñan su función los fiscales del país,  lo que choca con el estatuto del Ministerio Público y la Constitución dominicana”, señaló su presidente, Manuel María Mercedes Medina, en un comunicado.

Indicó que los fiscales desempeñan un  rol muy importante para el sistema de justicia, pues  arriesgan sus vidas y la de sus familiares en sus labores de perseguir a presos y  condena a los ciudadanos que agreden las leyes,  a un costo muy alto y un salario por debajo de lo establecido por ley que regula sus funciones.

“Hemos podido observar còmo  cientos de fiscales se mantienen en oficinas mal acondicionadas,  se les maltrata y se les discrimina por el hecho de venir de la administración anterior. Un ejemplo de 33 fiscales que no son de carreras a la que la Procuraduría les niega el derecho de trabajo en condición digna y estable”, expuso.

Responsabilidades

El Ministerio Público es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad.

En el ejercicio de sus funciones,  respeta la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos. Esta dirigido por un procurador(a) general.

Parte de misión

Derechos Humanos

Asumir la defensa, en todas las instancias previstas por las leyes y permitidas por la ética, de la integridad física y emocional de las personas, sin importar su nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión, o condición social.

Contribuir a la construcción y establecimiento de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, basado en el respeto de los derechos fundamentales.

Diario Libre