En el marco de la lucha bilateral contra el narcotráfico, Estados Unidos solicita frecuentemente la extradición de criminales a México. No obstante, el 29 de abril de 2026, esta práctica adquirió una nueva dimensión después de que la Justicia estadounidense acusara a un político mexicano en funciones de nexos con el crimen organizado y solicitara su extradición.

Según la Fiscalía de Nueva York, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios habrían cooperado con el Cártel de Sinaloa –concretamente, con la facción de “Los Chapitos”–, facilitando el tráfico masivo de drogas a Estados Unidos.

El hecho de que Rocha Moya sea un gobernador del partido oficialista, Morena, “eleva significativamente el costo político del caso para México”, cree Victoria Dittmar, investigadora del centro de análisis InSight Crime.

En su opinión, “exigir la extradición de un gobernador representa una prueba de enorme magnitud para la cooperación bilateral, porque obliga al Gobierno mexicano a decidir hasta dónde está dispuesto a colaborar, cuando la presión toca directamente a sus propias élites políticas”.

A juicio de Jesús Pérez Caballero, profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte, la acusación afecta “gravemente” las relaciones bilaterales.

El Gobierno de Donald Trump pinta una situación simplista de México que no toma en cuenta “los grises y matices que requeriría entender un tema tan complejo como la delincuencia organizada y la protección al más alto nivel por parte de algunos funcionarios”, dice el académico, en declaraciones a DW.

El enfoque de Washington choca con la perspectiva “más gradual” del Gobierno mexicano “de que no se pueden plantear medidas radicales y súbitas que vayan a acabar de golpe con la situación, sino que debe hacerse algo progresivo y, sobre todo, en términos de soberanía”, detalla Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional.

“Estados Unidos plantea intervenciones muy claras y maximalistas”, prosigue, “lo que provoca que México se ponga aún más a la defensiva”.

Por su parte, el analista político y experto en seguridad David Saucedo no se muestra sorprendido, puesto que el presidente Donald Trump ha modificado todos los acuerdos comerciales, migratorios y de seguridad desde su regreso a la Casa Blanca: “Es un acuerdo más que se rompe. Es una violación más del marco de cooperación entre México y Estados Unidos”, dice en entrevista con DW.

Saucedo calcula que, en lugar de extraditar a los imputados, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, propondrá a su homólogo norteamericano que sean procesados y encarcelados en México.

“En el discurso”, observa el analista político, “Sheinbaum asume un tono beligerante, casi antiestadounidense, pero, en los hechos, ha estado acatando la directriz de Washington”.

“Sheinbaum está ante una de las pruebas más complejas de su relación con Estados Unidos, y su margen de maniobra está muy limitado”, coincide Victoria Dittmar, de InSight Crime.

En caso de que apruebe la extradición, “podría fortalecer la relación bilateral, pero también generar fuertes tensiones dentro de su propio partido”. Y, en caso contrario, “corre el riesgo de reforzar la narrativa de que en México se protege a los políticos vinculados con el narcotráfico, lo cual podría utilizarse para justificar acciones unilaterales de Estados Unidos”, detalla la experta en crimen organizado, en entrevista con DW.

De cara a la próxima revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, cabe preguntarse si las acusaciones de Washington podrían ser también una medida de presión política a la hora de sentarse en la mesa de negociación.

“El momento en que se hace pública la acusación, esta sí puede interpretarse como una forma de presión política, no solo por la revisión del T-MEC, sino porque llega poco después de tensiones diplomáticas, incluyendo la controversia por la participación de agentes de la CIA en un operativo en territorio mexicano que fue ampliamente rechazada por el Gobierno” de Sheinbaum, señala la investigadora Dittmar.

Por otro lado, asegura que no se trata de un caso improvisado, puesto que “se construyó durante meses y pasó por un gran jurado, lo que indica que se considera que existe evidencia suficiente para sostener la acusación”.

Por su parte, David Saucedo está convencido de que se trata, sobre todo, de una medida de Donald Trump para “mejorar su posicionamiento en las encuestas de cara a las elecciones intermedias en los Estados Unidos”.

El experto en seguridad recuerda que, ya hace un año, el Gobierno estadounidense entregó a Sheinbaum una lista de políticos mexicanos vinculados con actividades criminales.

“Pero el Gobierno mexicano no hizo nada”, sino que “cometió el error de pensar que las acusaciones sobre narcopolítica y corrupción eran una medida de presión comercial o migratoria”, sostiene Saucedo.

Durante décadas, aclara, Estados Unidos ha investigado la corrupción en México. Sin embargo, hasta ahora, el Departamento de Estado o la Casa Blanca habrían frenado al Departamento de Justicia, al FBI y a la DEA cada vez que imputaba a políticos mexicanos por razones de diplomacia.

“Pero en esta ocasión fue al revés”, dice Saucedo, “la seguridad está antes que la diplomacia”.

Fuente: Deutsche Welle