El Consejo de Defensa de Andrés Bautista García valoró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de traspasar a la jurisdicción ordinaria el caso Odebrecht como una victoria del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad y el abuso.
“La Suprema Corte de Justicia le da una lección al Ministerio Público para que la instrumentación de los procesos de alta sensibilidad pública no sea utilizada para ganar primeras planas ni para hacer campañas mediáticas que terminan desnaturalizando el proceso penal y sus garantías”, expresa una declaración del equipo de abogados del empresario agropecuario y expresidente del Senado de la República.
A continuación las consideraciones del consejo de abogados del doctor Andrés Bautista García, integrado por los juristas Carlos Salcedo -quien lo coordina-, Antoliano Peralta, Jorge López Hilario y Thiaggo Marrero.
El caso Odebrecht es un caso de alta complejidad, tanto desde la óptica legal como por tratarse de un tema ligado a la corrupción y la impunidad que ha lacerado tanto las instituciones nacionales y los recursos públicos y que ha generado por mucho tiempo serias y legítimas preocupaciones ciudadanas por un mal que debe ser investigado, perseguido y sancionado drásticamente. Pero igualmente llama la atención por su alta la incidencia pública y mediática, tanto nacional como internacionalmente y por los actores involucrados sobre todo del político y empresarial del más alto nivel del país.
Ha sido un proceso retador, en el que la defensa de Andrés Bautista no ha dudado nunca de utilizar todas las herramientas legales para que éste sea lo más justo y apegado a las garantías procesales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales.
Andrés Bautista es inocente de todo lo que se le acusa y se trata de una acusación perversa e irresponsable del Ministerio Público fundada en la nada, y la nada nada produce como indicamos durante la audiencia preliminar.
Realmente, el juez Ortega Polanco no debió nunca mandar a juicio a Andrés Bautista por no haber una sola prueba que sirva al Ministerio Público para fundamentar su acusación y por tanto, para condenar a Andrés Bautista.
La defensa de Andrés Bautista siempre ha sido que ha llevado la voz cantante respecto a la incompetencia de la jurisdicción privilegiada dado que no hay indivisibilidad ni conexidad con Tommy Alberto Galán, único imputado aforado y por tanto, la jurisdicción natural es la ordinaria, siendo la Suprema Corte de Justicia un tribunal extraño para todo aquel que no sea aforado y que implica un cercenamiento de los derechos y garantías fundamentales a quienes injustamente resulten arrastrado a su competencia.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia le da, otra vez, una lección al Ministerio Público para que la instrumentación de los procesos de alta sensibilidad pública no sea para ganar primeras planas ni para hacer campañas mediáticas que terminan desnaturalizando el proceso penal y sus garantías. La jurisdicción natural, donde siempre debió conocerse el caso de Odebrecht respecto a Andrés Bautista es la jurisdicción ordinaria, siendo la decisión de la Suprema Corte de Justicia una victoria del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad y los abusos que históricamente han ocurrido en esta sede durante los procesos penales.
Pronto el país verá la farsa montada por el Ministerio Público respecto de Andrés Bautista, pues confiamos que ante la jurisdicción ordinaria, con jueces duchos en esta materia, el proceso no llegará ni siquiera al fondo por su nulidad absoluta, derivada de las violaciones constitucionales y derechos fundamentales de todo el proceso y una serie de incidencias que serán replanteadas oportunamente y si llegare lo improbable que es el juicio de fondo ninguna de las delaciones premiadas ni de los informes periciales presentados pasarán el cedazo de legalidad exigido por la norma. Y es por esto la intranquilidad y rabia del Ministerio Público con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, de enviar el caso a los tribunales ordinarios.
Las decisiones del Primer Tribunal Colegiado que resulte apoderado, luego de superadas las posibles oposiciones a algunas de las decisiones tomadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el pasado 17 de diciembre de 2019, deberá servir de base para que el Ministerio Público se tome en serio su papel de representante de la sociedad y de garante de los derechos fundamentales, pues de seguro, al anular todo el proceso preliminar y acoger los incidentes a presentarse por parte de Andrés Bautista García, que lo dejarán fuera del proceso, por haber sido arrastrado a este proceso por meros propósitos políticos, dada su alta posición política de oposición al actual gobierno, y para a través de él y de otros ocultar a verdaderos responsables de los hechos imputados.
Fuente: Hoy.com.do
