Opinión con Orlando Jorge Mera
Hechos recientes confirman que el PLD, que gobierna los últimos 20 años, ha practicado lo que los españoles quisieron imponer como norma en la época de la Colonia, “la norma se acata, pero no se cumple”. Esa desidia y prepotencia en lo relativo a la aplicación de la ley, fue lo que motivó, entre otros aspectos, el Sermón de Montesinos, el cuarto domingo de Adviento, que todavía hoy suena en los oídos de aquellos que creemos en la justicia.
El titular de prensa no se hizo esperar: Mayoría de ministros, directores, superintendentes, y miembros de la junta monetaria, han sido designados como parte del comando de campaña de uno de los precandidatos oficialistas. Este hecho viola la ley 41-08 de la Función Pública, una ley que es hechura del PLD, y que ahora, ese partido pretende desdecirse de la aplicación de esta normativa ante la grosera violación que ha hecho el gobierno.
Importante es señalar que la Ley 41-08 no estaba vigente cuando se produjo aquella frase lapidaria de que “me venció el Estado”, cuando el entonces precandidato presidencial Danilo Medina fue derrotado por el entonces presidente Leonel Fernández. Las elecciones de 2008, 2012 y 2016 se caracterizaron por el uso de los recursos del Estado, y por la presencia de funcionarios públicos ejerciendo actividades de campaña. Esto quedó registrado en los informes de observación de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, como ahora por primera vez, tenemos ley de partidos No.33-18 y ley electoral No.15-19, con el ingrediente de las primarias, que por primera vez se organizan en el país bajo la Junta Central Electoral, lasanción a la violación de la Ley 41-08 es una obligación,puesto que, a diferencia del pasado, ahora tenemos tribunales especializados que velan por el cumplimiento de la Constitución y de la ley.
Por ello, el Artículo 80, numeral 13, de la ley 41-08, es de aplicación obligada e inmediata, al prohibir a funcionarios del Estado: “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
El Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo quien dicho sea de paso también viola su propia ley orgánica, al ser parte de un comando de campaña oficialista, ha intentado justificar la violación, al desdoblar a la persona designada del funcionario público, cuestión muy difícil en una democracia que, como la dominicana, está muriendo, y que sólo con la rectitud y la aplicación de la Constitución y el imperio de la ley, se puede restaurar. En esas tareas, estamos desde la oposición.
