Caso Odebrcht
Justicia El magistrado Ortega dictará sentencia sobre la fase preliminar y determinará quiénes deberán ir al fondo. Estrategia. Los imputados se han centrado en atacar el expediente.
SANTO DOMINGO.- Hoy se pondrá fin al proceso preliminar que se les sigue a los siete implicados en los sobornos de US$92 millones pagados por la empresa Odebrecht para obtener contratos de obras. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, decidirá si envía a juicio de fondo o si se es favorecido con un no ha lugar.
Durante más de 36 audiencias preliminares, desde que iniciaron el siete de agosto del año pasado, el magistrado Ortega ha ponderado la solidez de las pruebas así como la acusación del Ministerio Público contra los imputados, con la que pide enviar a juicio de fondo a los vinculados.
También, pide la imposición medida de coerción al imputado Jesús Vásquez, quien fue incluido después de que a los demás les dictaron coerción.
Los abogados de los imputados Ángel Rondón, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y el senador Tommy Galán atacaron las pruebas presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser supuestamente ilegales. El Ministerio Público aportó más de 1,700 pruebas contra los implicados en sobornos, las cuales fueron obtenidas a través de la investigación, de las cuales 1,368 documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.
El órgano acusador ha asegurado que son pruebas firmes para lograr que los imputados sean enviados a juicio de fondo por los casos que se les imputan.
En tanto, que la defensa de los imputados solicitó al magistrado Ortega que dicte auto de “no ha lugar” a su favor de sus representados, por considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación contra los implicados en los sobornos.
El senador imputado Tommy Galán es quien mantiene a los demás seis implicados en la jurisdicción especial, y de ser favorecido con un no ha lugar entonces el expediente será enviado a un tribunal ordinario.
En tanto, en el juicio del fondo es que se discutirán las pruebas de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa contra los imputados, que los mantienen en el banquillo de los acusados por los cargos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
Durante el proceso preliminar el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó tres recusaciones contra el juez Francisco Ortega presentadas porla defensa de los imputados.
Defensa
Los abogados de los vinculados en los sobornos manifestaron que el juez tendrá que favorecer con un no ha lugar a sus representados.
Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, dijo que el magistrado deberá emitir un “no ha lugar” a favor de su defendido.
Minier sostuvo que durante las investigaciones el Ministerio Público ocultó todas las pruebas a Ángel Rondón y que el juez Francico Ortega admitió la violación de los derechos de ese acusado, quien fue mantenido en un estado de indefensión.
Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, dijo que se espera que el juez aplique el Derecho, porque la justicia es un instrumento para su aplicación.
El jurista señaló que el Código Procesal Penal establece las condiciones para que se emita un “no ha lugar”, como corresponde en este caso, que el juez Ortega debe otorgar a favor de su representado Andrés Bautista.
EL Acuerdo
El 19 de abril del año 2017, la constructora Odebrecht y la Procuraduría General firmaron un acuerdo, que fue homologado por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Danilo Amador Quevedo, donde se condenó a la empresa al pago de US$184 millones.
En el convenio también se establece que el Gobierno renuncia a procesar judicialmente a los empleados de esa empresa involucrados en un millonario esquema de sobornos, y permite que esta compañía continúe sus operaciones a cambio de información.
Investigación
Las investigaciones del pago de sobornos por la constructora brasileña las inició la Procuraduría General de la República en diciembre de 2016, luego de que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
Del expediente acusatorio presentado originalmente fueron excluidos, por falta de pruebas, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, César Sánchez y Radhamés Segura, a quienes la Procuraduría General dictaminó archivo provisional de las acusaciones.
La CDH critica proceso
Posición.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana criticó el deficiente desempeño del Ministerio Público en el proceso de investigación del caso Odebrecht, por no interrogar a los llamados delatores de Brasil, y no haber sido autorizado por el juez.
Manuel Maria Mercedes dijo que tampoco presentó los resultados de cientos de interceptaciones telefónicas que fueron autorizadas junto a otras medidas de instrucción.
Mercedes manifestó que tampoco imputó a los representantes de la constructora en el país, sino que los protegió.
Fuentes
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