Altas Cortes

La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, definieron como un antecedente nefasto la sentencia TC/0905/18 del Tribunal Constitucional que declara no conforme con la Constitución, el decreto 371-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavárez.


En rueda de prensa sostuvo que la sentencia atenta contra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y desprotege las fuentes de agua que alimentan la presa de Monción, surten a los acueductos, sistemas de riego, las escorrentías superficiales y los acuíferos que garantizan la vida, la economía y la existencia misma de la región Noroeste.

Explica que la razón de ser del decreto emitido en junio del 2011 que crea dicho Parque Nacional abarcando un área de 351 kilómetros cuadrados en honor a la memoria de Manolo Tavárez Justo, es conservar algunos de los bosques mejor cuidados que tiene la isla, por donde discurren fuentes acuíferas y que aloja una gran riqueza biológica.

Sin embargo, señala, que desde la divulgación misma del decreto, algunos sectores económicamente influyentes han estado incidiendo para que el mismo fuera derogado o atacado por la vía constitucional con el propósito de explotar la zona a través de planes de aprovechamiento forestal mediante los cuales se cortarían miles de árboles.

Además, amplía, para poder avanzar con planes de extracción minera, cuyas concesiones de exploración fueron emitidas mediante el permiso ambiental 0228-03 del año 2018 que autoriza la exploración de oro, plata, zinc, cobre y minerales asociados en comunidades de las provincias ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional.
En un documento señala que existen siete planes de manejo forestales, incluyendo al menos tres en la zona núcleo del Manolo Tavárez, encima de los ríos El Gallo y Magua.

Solicitan nuevo decreto que cree Parque Manolo Tavárez Justo

En la sentencia TC/0905/18, el Tribunal Constitucional declara no conforme a la carta magna el decreto 371-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, ubicado en la vertiente norte de la Cordillera Central, asegurando que existen en él, 40 comunidades que podrían perder su derecho de propiedad.

Sin embargo, para la Academia de Ciencias y ambientalistas de la República Dominicana, la sentencia fue fundamentada sin hacer una investigación “in situ” porque aseguran no existen tales asentamientos comunitarios.


Señalaron que sectores influyentes quieren explotar la minería en la zona, acción que perjudicaría el suministro de agua a más de cinco provincias.

Los ambientalistas llaman a la ciudadanía a colaborar con la difusión de lo que catalogan como un antecedente nefasto contra el sistema nacional de áreas protegidas.

La documentación con el rechazo a la sentencia y el llamado al gobierno a emitir un nuevo decreto declarando la zona, nueva vez, área protegida será llevado hasta el Palacio Nacional en los próximos días.

Por: Dahia Sena

Fuentes

Hoy Digital

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