En la tarde del 15 de julio de 2016, había tanques en las calles y aviones que sobrevolaban Ankara y Estambul. Soldados bloquearon el puente del Bósforo. El Parlamento de Ankara fue bombardeado. Y el presidente Recep Tayyip Erdogan se dirigió a la nación por videoconferencia, instando a la población a salir a las calles y detener el golpe de Estado, que fracasó esa misma noche. Las consecuencia políticas, sin embargo, siguen marcando desde entonces al país.
El Gobierno turco culpó al movimiento Gülen del intento de golpe de Estado. Numerosos altos mandos militares vinculados a Gülen fueron arrestados. Su fundador, el predicador islámico Fethullah Gülen, llevaba años exiliado en Estados Unidos, donde falleció en 2024. El teólogo fue un estrecho aliado de Erdogan. Ambos desempeñaron un papel clave en la contención de la influencia política del Ejército turco y en la expansión del poder de Erdogan. Posteriormente, la alianza se disolvió.
El Gobierno acusó a Gülen de haber infiltrado a sus seguidores en la Justicia, la Policía, el Ejército y otras instituciones estatales durante décadas, con el fin de subvertir el Estado. Gülen y sus seguidores negaron rotundamente dichas acusaciones.
El 15 de julio es fiesta nacional en Turquía. El antiguo puente del Bósforo se llama ahora Puente de los Mártires del 15 de Julio. En esta fecha se honra a quienes perdieron la vida aquella noche. Según cifras oficiales, murieron 253 personas, la mayoría civiles. Muchas calles, plazas y escuelas también llevan el nombre "15 de Julio".
Esta fecha marca también un profundo punto de inflexión política, porque en los años posteriores al intento de golpe de Estado, el Gobierno consolidó aún más su poder. El movimiento Gülen fue calificado de organización terrorista y sus supuestos seguidores fueron apartados, en gran medida, del aparato estatal.
Seis días después del golpe, el Parlamento declaró el estado de emergencia y se prorrogó siete veces hasta el 19 de julio de 2018. Durante esos dos años, el presidente emitió un total de 32 decretos de emergencia.
Más de 125.000 funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas fueron destituidos. Según cifras oficiales, entre 2016 y 2025, alrededor de 390.000 personas fueron arrestadas por supuestos vínculos con el movimiento Gülen. De estas, casi 113.000 fueron puestas en prisión preventiva. Además, se clausuraron 2.761 instituciones, entre ellas escuelas, asociaciones, fundaciones y medios de comunicación. Además, 4.130 personas fueron condenadas a cadena perpetua o a prisión preventiva.
El politólogo Ersin Kalaycioglu opina que los efectos del estado de emergencia se sienten hoy, porque, aunque se puso fin formalmente en 2018, sus prácticas, hasta cierto punto, se han institucionalizado. El uso frecuente de decretos ha dado lugar a una estructura extremadamente centralizada.
La administración pública también se ha transformado radicalmente. Según Kalaycioglu, la burocracia ha evolucionado de un aparato con sus propios estándares profesionales y experiencia académica a una administración, que implementa directivas políticas.
Los partidos de la oposición también acusan al Gobierno de haber extendido las purgas mucho más allá del movimiento Gülen. Además de los supuestos simpatizantes de Gülen, los críticos con el Gobierno también se han visto afectados por despidos y procesos penales.
El intento de golpe de Estado también aceleró el acercamiento entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) de Erdogan y el Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco).
Con su apoyo, el Gobierno logró impulsar un referéndum constitucional en 2017. El resultado: Turquía pasó de un sistema parlamentario a uno presidencial. Se abolió el cargo de primer ministro y se ampliaron significativamente los poderes ejecutivos del presidente. Desde entonces, los críticos lo han calificado de "sistema unipersonal".
Kalaycioglu describe al actual sistema político como "sultanismo neopatrimonial", es decir, el poder y las decisiones políticos se concentran, en gran medida, en una sola persona.
El sistema presidencial también transformó a la oposición. Dado que se requiere una mayoría absoluta para la presidencia, los partidos de oposición comenzaron a formar alianzas electorales y a presentar candidatos conjuntos. Esto tuvo repercusiones en las elecciones locales de 2019 y 2024, donde la oposición ganó las alcaldías de las dos ciudades más grandes del país, Ankara y Estambul.
Sin embargo, muchos de estos políticos de la oposición ahora enfrentan investigaciones o cargos por terrorismo. Entre los casos más destacados se encuentra el del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoglu, considerado el principal rival político de Erdogan, procesado tras su reelección.
Fuente: Deutsche Welle
