Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue intentar redefinir la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con el objetivo de liquidar el principio de la ciudadanía por nacimiento, que existe en el país desde 1868.
La Decimocuarta Enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residan".
Los tribunales y los distintos gobiernos han venido interpretando que esto significa que los niños nacidos en Estados Unidos adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Existen algunas excepciones específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas enemigas invasoras.
El martes 30 de junio de 2026, las intenciones de Trump quedaron truncadas, luego de que el Tribunal Supremo de EE.UU. fallara contra el Gobierno en este asunto. Para Trump, el principio de la ciudadanía por nacimiento es "una vergüenza" y su vicepresidente, JD Vance, la ha llegado a describir como "la política migratoria más estúpida del mundo".
La orden ejecutiva ya había pasado por numerosos giros judiciales en distintos tribunales, incluido el Tribunal Supremo. Y, aunque la sentencia significa que las cosas en este terreno permanecen sin cambios, dejará huella, según Kim Lane Scheppele.
"El hecho de que la cuestión esté ahora abierta al debate de una manera en que nunca antes lo estuvo ha hecho que la ciudadanía sea más precaria, incluso para quienes han vivido toda su vida en Estados Unidos", comenta a DW Scheppele, profesora de Sociología y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton y experta en sociología del derecho.
"No olvidemos que la ciudadanía está siendo atacada de muchas maneras bajo Trump. Han creado una oficina de desnaturalización dentro del Departamento de Justicia y están presionando para exigir pruebas de ciudadanía para poder votar. Y muy pocos de nosotros disponemos de esas pruebas: por ejemplo, menos de la mitad de la población estadounidense tiene pasaporte".
El centro de estudios Migration Policy Institute estima que cada año nacen en Estados Unidos unos 255.000 niños cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses.
Los cambios no habrían tenido carácter retroactivo, lo que significa que quienes ya hubieran obtenido la ciudadanía por nacimiento no se habrían visto afectados. Según una investigación del Pew Research Center, entre 2006 y 2023 hubo hasta 4,4 millones de estadounidenses en esa situación, aunque algunos habrán abandonado el país o fallecido desde entonces.
Varios estadounidenses destacados obtuvieron la ciudadanía al nacer a pesar de que sus padres no eran ciudadanos en ese momento, incluidos varios miembros del círculo más cercano de Trump. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, el director del FBI, Kash Patel, y la segunda dama, Usha Vance.
Aunque el tribunal ha dictaminado que no habrá modificaciones en la ciudadanía por nacimiento, la propuesta de la Administración Trump habría cambiado de forma significativa la manera en que se determina la ciudadanía al nacer.
Es difícil saber exactamente cómo habría funcionado, pero la Administración Trump sostenía que, en el momento del nacimiento de un niño, se evaluaría la situación legal de sus padres para determinar si el menor tenía derecho a la ciudadanía y a toda la documentación asociada, como el pasaporte o el número de la Seguridad Social. A partir de ese momento, el certificado de nacimiento por sí solo ya no habría sido suficiente para obtener esos documentos.
La nacionalidad del niño habría dependido en gran medida del país de origen de sus padres. Algunos países, especialmente del sudeste asiático, no conceden automáticamente la ciudadanía a los hijos nacidos en el extranjero de sus nacionales. En esos casos, el niño podría haber quedado apátrida.
Trump ha afirmado repetidamente, de forma falsa, que Estados Unidos es "el único país que la concede". En realidad, los datos recopilados por el Pew Research Center muestran que otros 32 países, principalmente de América del Norte y América Latina, también reconocen la ciudadanía por nacimiento.
En el resto del mundo, la situación es más diversa. Muchos países, entre ellos Grecia, Irán, Francia y Marruecos, conceden la ciudadanía a cualquier niño cuyos padres hayan nacido en ese país. Otros, como Australia, Alemania y el Reino Unido, la otorgan a cualquier niño nacido de un residente legal. En el extremo más restrictivo, países como Israel, Haití y Liberia solo conceden la ciudadanía por nacimiento a quienes cumplen determinados criterios establecidos por la ley.
Trump ha descrito anteriormente la ciudadanía por nacimiento como un "imán para la inmigración ilegal", al considerar que permite injustamente a ciudadanos extranjeros acceder a beneficios estadounidenses. El fracaso de una de sus principales políticas migratorias ante los tribunales sin duda supondrá un revés para él.
Sin embargo, es poco probable que le haga abandonar su línea estratégica de "America First". Una victoria podría haber abierto la puerta a políticas aún más extremas dirigidas incluso contra personas que ya son ciudadanas estadounidenses. Al menos de momento, la decisión de la justicia de EE. UU. debería disipar esas preocupaciones.
Fuente: Deutsche Welle
