La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), sacó ayer a la República Dominicana de su Lista de Vigilancia Especial sobre Protección y Observancia de la Propiedad Intelectual, correspondiente a este año, por lograr avances significativos en la resolución de preocupaciones sobre este aspecto.
Según el informe, los organismos de la República Dominicana aumentaron las medidas de observancia y la cooperación interinstitucional en la lucha contra la piratería de señales, mejoraron la asignación de recursos para los organismos, pusieron a disposición del público estadísticas relacionadas con la observancia, aumentaron el número de fiscales especializados en P.I., aumentaron las medidas de observancia contra los medicamentos falsificados y colaboraron con diversos organismos de los Estados Unidos para recibir formación y asistencia técnica.
Por primera vez en casi tres décadas, la República Dominicana sale de la lista de observación del Informe 301 de los EE. UU., sobre Propiedad Intelectual. Este informe anual detalla los hallazgos del USTR en una revisión de más de 100 socios comerciales después de una investigación significativa y un mayor compromiso con las partes interesadas.
El USTR retiró a la República Dominicana de la Lista de Vigilancia este año por sus importantes avances en la solución de las preocupaciones relativas a la observancia de la P.I. y la transparencia.
La República Dominicana se ha comprometido a seguir adoptando medidas coercitivas para combatir la infracción del derecho de autor, incluida la piratería de señales, y a aumentar la capacidad mediante la capacitación y la colaboración con los Estados Unidos.
El conjunto de acciones implementadas por todas las instancias del Estado vinculadas a difundir, preservar y perseguir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual y el combate a los ilícitos han dado resultados excelentes para nuestro país. Desde la lucha contra los ilícitos, la piratería de señal, afectación a los derechos de autor, así como el fortalecimiento de las instituciones del Estado.
A través del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Procuraduría General de la República, se ejecutaron políticas públicas en esta materia, razones por las que después de 30 años el país ha salido de la lista de observación.
