Pesadilla o atolladero. Punta Catalina. 1,945 millones pactados, un fondo de contingencia de 336 millones de dólares, 136 millones para pago de amortizaciones vigentes, un monto adicional de 708 millones de dólares, US$200 millones de dólares por arbitraje. Es casi vergonzosa la forma en que las autoridades se están manejando en este delicado asunto. Estamos hablando de dinero constante y sonante, que va saliendo de los bolsillos de la sociedad dominicana.
Económica
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Jaime Aristy Escuder, administrador de la planta en construcción denominada Punta Catalina, anunciaron la firma de un acuerdo con el consorcio que construye las plantas de carbón en Baní.
Esos funcionarios tiene credibilidad para hablar en nombre del gobierno. Aceptemos que el acuerdo es oficial, y que como dicen los dos funcionarios, el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella aceptó lo que dicen estos funcionarios que fue pactado: Crear un fondo de contingencia de 336 millones de dólares, aportado por el gobierno, para seguir desarrollando la planta, pese a que ya fue pagado el monto pactado por el contrato inicial, de 1,945 millones de dólares. Ese monto será asumido por quien resulte señalado como responsable en la disputa por un monto adicional de 708 millones de dólares, que se encuentra en una corte de arbitraje en Nueva York.
Es risible la posición del gobierno, de que no aportará un centavo más de los 1,945 millones pactados, debido a que ya está disponiendo de 336 millones de dólares más, para que Punta Catalina sea concluida.
El llamado Fondo de Contingencia es una cantidad de dinero destinada a cubrir eventos impredecibles. ¿Por qué tiene que ser el gobierno quien disponga del dinero, y lo entregue a los ejecutivos del Consorcio que construye la planta?
Los 336 millones de dólares no son impredecible pues no hay dudas que ese monto de dinero se va a pagar de ahora hasta que se termine la obra por parte de los contratistas.
Lo que resulta impredecible son los 708 millones de dólares en reclamación, ya que nadie sabe cual será el resultado del arbitraje, que puede oscilar entre cero y 708 millones de dólares.
Los 708 millones de dólares, en consecuencia, por su incertidumbre, son una contingencia, y quien tiene más probabilidades de tener que pagar ese monto exigido es el gobierno. Es casi vergonzosa la forma en que las autoridades se están manejando en este delicado asunto. Estamos hablando de dinero constante y sonante, que va saliendo de los bolsillos de la sociedad dominicana.
De los 336 millones de dólares, 136 millones son para el pago de amortizaciones vigentes, es decir asociada al contrato EPC firmado entre el Estado y el Consorcio que construye la planta.
El fideicomiso o cuenta Escrow es por US$200 millones de dólares, que representa el monto de dinero sujeto al resultado del arbitraje: “US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora”, dice la nota del gobierno.
Si el resultado del arbitraje asigna un monto a pagar al consorcio menor de 200 millones de dólares, el consorcio deberá devolver al gobierno la diferencia. Si el valor es 200 millones de dólares, Cdeee no paga nada adicional al consorcio, y aparentemente quedan en empate. Claro, el gobierno tendría 336 millones de dólares adicionales como costo de la planta, más el pago que tenga que hacer a la firma de abogados Foley Hoag LLP, contratada para la defensa oficial.
Si el resultado es más de 200 millones de dólares a favor del consorcio, Cdeee deberá pagar adicionalmente la diferencia a Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Nos preguntamos ¿Qué tipo de garantía bancaria o financiera entregó el Consorcio a la Cdeee que asegure que devolverá el dinero si el fallo es menor a los 200 millones de dólares?
¿Entregó una carta de crédito a la vista, ejecutable por Cdeee al primer requerimiento, como las Garantías de Anticipo y de Fiel Cumplimiento que el Consorcio entregó a Cdeee en forma de cartas de crédito a la vista, ejecutables al primer requerimiento, según lo consignado en el contrato EPC?
La desiderata del gobierno sobre Punta Catalina va camino a una verdadera pesadilla.
