¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano de un país? ¿Cuánto vale un pasaporte? Un nuevo programa del Gobierno argentino reavivó el debate en torno a la ciudadanía, los derechos y obligaciones que conlleva y el camino para adquirirla.
En el cuarto trimestre de 2026, comenzará a operar un programa que permitirá obtener la ciudadanía argentina a cambio de una inversión.
Según el Gobierno de Javier Milei, esta transacción se podrá realizar por dos vías: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares estadounidenses al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público específico por 800.000 dólares. En este último caso, los inversores prestan dinero al Gobierno para financiar una finalidad determinada.
"Es importante señalar que no se trata simplemente de pagar una cantidad y recibir automáticamente la ciudadanía", recalca Enrique L. González, director General de F2F Invest Latam, una firma de asesoría financiera e inmobiliaria en América Latina y el Caribe.
"El marco establecido prevé una evaluación del solicitante y controles por parte de distintos organismos argentinos en materia de seguridad, antecedentes y origen de los fondos. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evalúa la solicitud y posteriormente emite una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que es la que resuelve", explica González, en declaraciones a DW.
Argentina no es el primer país de la región en lanzar un programa para adquirir la ciudadanía por inversión. Con aportes mínimos de alrededor de 200.000 dólares, cinco pequeños países caribeños ofrecen la posibilidad de convertirse en su ciudadana o ciudadano: Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, Granada, y San Cristóbal y Nieves. Para ello, la persona solicitante ni siquiera tiene que residir en el país o pagar impuestos.
Sin embargo, la Unión Europea solicita que los cinco Estados del Caribe pongan fin a sus programas hasta junio de 2028. De lo contrario, amenaza con suspenderles el acceso al bloque comunitario sin visado.
Apenas hace un año, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el programa de ciudadanía por inversión de Malta, alegando que "el vínculo de nacionalidad con un Estado miembro reside en la relación especial de solidaridad, de lealtad y de reciprocidad de derechos y deberes entre dicho Estado y sus ciudadanos".
Por ende, prosiguió la sentencia, la adquisición de la ciudadanía "no puede ser el resultado de una transacción comercial".
Argentina es ahora el país latinoamericano más grande con esta modalidad. También El Salvador ofrece su ciudadanía a inversores. Pero, en este caso, la transacción debe realizarse en bitcoins.
Según datos de F2F Invest Latam, muchos otros países de la región tienen una variedad de programas dirigidos a inversores que buscan residir ahí, sin ofrecerles directamente la ciudadanía. Por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, México, Uruguay y Paraguay.
En el caso argentino, es importante distinguir entre captar capital y generar inversión productiva, señala el director General de F2F Invest Latam: "En una primera etapa, el programa puede proporcionar dólares y financiación al Estado argentino, lo que tiene un impacto fiscal y financiero directo. Pero ese dinero no equivale automáticamente a inversión extranjera directa: por sí mismo no construye un hotel, una fábrica o invierte en minería ni necesariamente genera nuevos puestos de trabajo".
"El efecto más interesante puede producirse si el programa consigue vincular a Argentina con empresarios y familias con patrimonio internacional que hasta ahora no tenían al país en su radar y, eventualmente, conseguir que una parte de ese capital termine posteriormente en empresas, proyectos y activos argentinos", agrega el experto financiero.
"Más que hablar de ciudadanía por inversión, podríamos preguntarnos si no estamos frente a ciudadanía a cambio de un aporte económico", observa, por su parte, Marcela F. González, socióloga especializada en inmigración en las Américas y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella.
La académica destaca que la propuesta argentina "no establece como condición la creación de empleo, la instalación de una empresa, la generación de exportaciones, la transferencia tecnológica ni ningún otro aporte económico verificable".
"La ciudadanía no es simplemente un activo económico", insiste. A su juicio, "implica pertenecer a una comunidad política, tener derechos políticos y formar parte del cuerpo ciudadano de un país".
"Si el objetivo es atraer capital extranjero, existen otros instrumentos —incluidos programas de residencia por inversión— que permiten hacerlo sin convertir directamente la ciudadanía en la contraprestación económica", explica a DW.
Asimismo, Marcela González hace hincapié en que las reglas de acceso a la ciudadanía y las políticas migratorias "son cuestiones de enorme relevancia pública". Cuenta que, en Argentina, estas han sido históricamente reguladas mediante leyes sancionadas por el Congreso.
No obstante, en este caso, "se modifica el régimen de ciudadanía mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y, además, se otorga al Ministerio de Economía un papel central en la definición de qué inversiones son consideradas relevantes para acceder a la ciudadanía".
Para la académica argentina, esto también "plantea una interrogante importante sobre la división de poderes y sobre quién debería tener la facultad de definir las condiciones de pertenencia a la comunidad política argentina".
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Fuente: Deutsche Welle
