La procuradora advierte que el ministerio público no se sumará a explicaciones que son un irrespeto a las víctimas

La procurado­ra general de la República, Miriam Ger­mán Brito, de­finió como “una cosa bár­bara, inhumana, que duele y avergüenza”, la muerte de David de los Santos, luego de estar detenido en el destacamento del sector Naco, en el Distrito Nacio­nal, así como las muertes de otro dos jóvenes en San José de Ocoa y Santiago.

Germán Brito dijo que en cuanto a las investiga­ciones sobre la muerte de David de los Santos van en su etapa primaria y que no es la época precisa para dar detalles de todo lo que sucede en la pesquisa.

Aseguró que la socie­dad debe tener la certeza de que “el ministerio públi­co no se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados ni tampoco a la permisividad con ese tipo de situación”.

Germán Brito habló en esos términos luego de la firma de un acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional (TC) Mil­ton Ray Guevara con el ob­jetivo de establecer víncu­los de cooperación, en el marco de sus competen­cias.

Muerte en Ocoa
Sobre la muerte de Grego­rio Custodio, ocurrida en Ocoa, luego de ser apre­sado también por agentes policiales, Germán Brito sostuvo que las informa­ciones a la población se ofrecerán de manera opor­tuna.

Informó que luego de una primera necropsia a la víctima, el ministerio pú­blico mandó a practicar otra con una comisión de tres fo­renses, al tiempo que guar­dó silencio cuando se le preguntó que si no estaba conforme con la primera.

Germán Brito instruyó el pasado martes a la Direc­ción General de Persecución del Ministerio Público para que coordine con las fisca­lías competentes las investi­gaciones de los casos de ciu­dadanos que han perdido la vida después de estar reteni­dos en cuarteles policiales.

Reforma policial es un asunto difícil
Asimismo, la procurado­ra general reconoció que se trata de “un asunto difícil” la necesaria reforma a la Po­licía Nacional que empren­dió el Gobierno porque se enfrenta a la cultura insti­tucional del órgano que se fundó en medio de una dic­tadura, además de la natu­ral resistencia al cambio.

“La reforma policial es un asunto difícil, porque tiene que vérsela contra una cul­tura institucional y la natu­ral resistencia al cambio”, dijo Germán Brito, al res­ponder a periodistas que la abordaron sobre el tema.

El acuerdo
El acuerdo de cooperación interinstitucional tiene el objetivo de establecer vín­culos de cooperación, en el marco de sus competencias, que permitan desarrollar el intercambio de buenas prácticas y experiencias que fortalezcan las áreas admi­nistrativas y docentes.

Con el convenio, repre­sentantes de las entidades unirán esfuerzos para desa­rrollar proyectos relaciona­dos con la docencia, la in­vestigación, el intercambio de formación y capacita­ción, además de la publica­ción de documentos de in­terés mutuo.

En el acto, el magistrado Milton Ray Guevara se mos­tró orgulloso y satisfecho por firmar este acuerdo con el Ministerio Público, repre­sentado por Germán Brito, en quien reconoció innume­rables cualidades. “Yo quie­ro reconocer en la magistra­da Miriam Germán Brito el ánimo, el ímpetu, el sentido de responsabilidad, el com­promiso con el país y con ella misma, que le ha im­pregnado al Ministerio Pú­blico en esta etapa en que nos ha tocado firmar este acuerdo marco de coopera­ción”, resaltó.

Germán Brito destacó que el establecimiento del Tribunal Constitucional ha significado mucho para esta sociedad. “El Tribunal Cons­titucional ha sido, es, y va perfeccionando su papel co­mo guardián de las garan­tías que se le deben a todos los ciudadanos y también como un valladar contra la injusticia y un apoyo para una sociedad igual en dere­chos y con la misma protec­ción”, dijo Germán Brito.

 DATOS
Los presentes

El acuerdo fue firmado en la sede del TC y contó con la presencia de los ma­gistrados José Alejandro Ayuso, Justo Pedro Caste­llanos Khoury, Domingo Gil, José Alejandro Vargas Guerrero y la magistrada Eunisis Vásquez Acosta. El Ministerio Público estuvo representado por la direc­tora jurídica de la Procu­raduría, Frinette Padilla; la rectora del Instituto de Educación Superior, Ma­rien Montero, y el director técnico del Despacho de la Procuradora General de la República, Félix Tena.

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