La procuradora general de la República, Miriam Germán, fue la oradora invitada al encuentro de Amchamdr
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo ayer que el presidente Luis Abinader nunca se le ha acercado o llamado para dirigirla en torno a sus funciones.
“El presidente Abinader nunca ha pretendido conducirme en nada, no he recibido de él un recado, no me ha comunicado ningún interés suyo y eso es una cuestión inusual entre nosotros”, expresó la magistrada al ser la oradora invitada en la actividad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
Dijo que el reto que han debido afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarse arrastrar por el populismo penal.
“Desde la Procuraduría General de la República he tratado de que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casosordinarios, a las ‘operetas toscas de la criminalidad’, como las denomina Eugenio Zaffaroni, debido a que afectan grandemente la convivencia colectiva, adquieran o no notoriedad pública”, apuntó.
Gestión administrativa
Germán Brito explicó, además, que el Ministerio Público, por la naturaleza de sus funciones, debe ser un referente de buenas prácticas de gestión administrativa. Por ello, uno de los principales retos emprendidos ha sido la transformación de la gestión administrativa, lo que asegura no ha resultado sencillo porque tienen una nómina que sobrepasa los nueve mil servidores, con oficinas de trabajo en todo el territorio nacional.
“Encontramos múltiples nóminas, personal no identificado, incentivos anómalos, entre otras irregularidades. El Ministerio Público, además, acumula una amplia variedad de promesas incumplidas a los fiscales y empleados en general: desde reajustes salariales hasta beneficios económicos acordes a otras instituciones del Sistema de Justicia”, explicó.Presupuesto
A juicio de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, los cambios institucionales que requiere el Ministerio Público no pueden emprenderse si no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir efectivamente con sus funciones en el marco de la autonomía presupuestaria que la Constitución le reconoce.
“Somos conscientes de las limitaciones financieras por las que atraviesan el país y el mundo, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero confiamos en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación institucional que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad dominicana”, expresó
Germán Brito en su ponencia “Transformación del Ministerio Público a la luz de la nueva visión institucional”. Resaltó que una de las principales exigencias de la sociedad dominicana es la persecución de la corrupción administrativa.
Expresó que la persecución de la criminalidad gubernativa representa uno de los retos más difíciles para el Ministerio Público, porque suele estar signada por la crítica de la presunta persecución partidista, con la que se pretende desarmar cualquier escrutinio de la gestión de exfuncionarios públicos.
Dijo que la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria en la persecución penal de la corrupción, para derribar las inmunidades del poder y orientar el poder de acusar conforme a derecho, sin distinciones políticas, sociales o económicas.
“Es inaceptable que la persecución penal pueda ser instrumentalizada para neutralizar a los perdedores en una contienda política o garantizar la impunidad de los hechos delictivos cometidos por los funcionarios en ejercicio”, indicó.
Precisó que el Ministerio Público debe ser un celoso guardián de la “cosa pública” y no puede tener amigos ni enemigos, para traducir a la acción de la justicia penal a quienes traicionen la confianza depositada para ejercer una función pública. “No puede haber paños tibios ni maltratos, ni encono ni indulgencia, sino la firme determinación de procurar −en el marco del debido proceso− que jueces independientes e imparciales determinen la responsabilidad penal de quienes se apropien ilícitamente de los recursos públicos”, apuntó la procuradora.
