“Me duele en el alma. Allí construí toda mi vida. Mi negocio ha sido bombardeado. Todo lo que me era querido y preciado… Tuve que dejarlo todo atrás. Esperaba que, al menos, me permitieran conservar mi apartamento. Y ahora, este golpe”, lamenta Ludmila (nombre ficticio).
Quienes poseen una vivienda en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia tienen hasta el 1º de julio de 2026 para hacer valer sus derechos de propiedad. Los inmuebles que en su día fueron registrados bajo leyes ucranianas deben inscribirse ahora en los registros de la propiedad rusos antes de esa fecha. Pero, para ello, los propietarios deben presentarse en persona e identificarse mediante pasaporte ruso. Una parte significativa de los ucranianos afectados no puede cumplir con estos requisitos.
En 2022, Ludmila huyó de la región de Zaporiyia hacia Kiev para escapar de la ocupación rusa de su ciudad natal, pero continuó pagando allí las facturas de los servicios públicos de su departamento. “Al principio, un vecino se encargaba del apartamento; más tarde, lo hizo mi exmarido. Luego decidí dejar de pagar los servicios, a partir de Año Nuevo. No sé siquiera si era correcto pagarlos”, relata Ludmila. “Espero que mi ciudad sea liberada”, dice.
Pero Ludmila no tiene intenciones de volver a su hogar para registrar su vivienda ante las autoridades de ocupación. “Primero, no quiero ver a los ocupantes, porque estuve allí y sé cómo es esa gente. Y no quiero arriesgar mi vida por nerviosismo. Segundo, ni siquiera sé si me dejarían entrar”, explica.
Ya en 2014 los ocupantes rusos comenzaron a confiscar viviendas de personas ucranianas en los territorios ocupados. En 2021 empezaron a clasificar como “sin dueño” viviendas abandonadas en lo que llaman la República Popular de Donetsk.
En 2024, adoptaron nuevas medidas, definiendo como “propiedades sin dueño” apartamentos o edificios que han permanecido desocupados durante más de un año, para los que no se han abonado los servicios públicos y cuyos propietarios no figuran en los registros de la propiedad rusos.
Justificaron esta medida argumentando que dicha situación ponía en riesgo la seguridad misma de las propiedades. Para finales de 2025, este procedimiento quedó consagrado por ley a nivel federal en Rusia. En consecuencia, estos apartamentos pueden ser transferidos a ciudadanos rusos.
En agosto de 2025, Oleg Skufinsky, jefe de la autoridad rusa de registro competente, declaró que existían aproximadamente 550.000 propiedades “sin dueño” en los territorios ucranianos ocupados. Solo en la ciudad de Mariúpol figuran 13.000 unidades en una lista publicada por las autoridades rusas en sus sitios web.
Las viviendas pueden ser retiradas de esa lista solo si se inscriben en el registro de la propiedad ruso. Según la ley de Rusia, para ello no es necesario tener la ciudadanía de ese país. Pero, según comenta a DW una fuente con contactos entre las autoridades de ocupación en Donetsk, es imposible hacer ese cambio sin estar en posesión de un pasaporte ruso
Además, Rusia ha puesto un plazo a la validez de los documentos ucranianos de propiedad hasta el 1º de julio de 2026 y ha dificultado el procedimiento. Antes, los propietarios podían hacer el trámite a través de otra persona por medio de un poder. Ahora deben presentarse personalmente en el lugar donde está la vivienda, es decir, deben volver a los territorios ocupados.
Activistas de derechos humanos, empero, advierten a los ucranianos sobre la peligrosidad de viajar a esas zonas. “Existen grandes riesgos. Con un pasaporte ucraniano solo es posible ingresar a través del paso de frontera en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo.
Allí, funcionarios rusos “filtran” a los ucranianos. Si, por ejemplo, a las autoridades rusas no les gusta una respuesta o lo que ven en los teléfonos móviles, lo cual no se puede predecir, los ucranianos corren peligro de que se les prohíba la entrada, o, en el peor de los casos, de ser detenidos con consecuencias imprevisibles”, alerta Onisiia Syniuk, del Centro de Derechos Humanos ZMINA, de Ucrania.
Aquellos a quienes se les permita entrar, continúa la activista, deben solicitar un pasaporte ruso para poder volver a registrar sus propiedades. “Esto también conlleva riesgos; por ejemplo, la obligación de cumplir el servicio militar obligatorio en el Ejército ruso”, explica Syniuk a DW.
Anatolii Kolesnikov, abogado de la Fundación East SOS, hace hincapié en que el Gobierno de Kiev no considera que solicitar un pasaporte ruso signifique colaborar con los ocupantes, si eso tiene como fin proteger la vida y la propiedad, así como la propia seguridad y la de la familia. Pero está convencido de que, mediante el registro obligatorio de la propiedad, Rusia pretende convertir a los ciudadanos ucranianos en nacionales rusos. Además, considera que el objetivo es identificar a aquellos individuos desleales a Rusia, con el fin de confiscar sus propiedades. A su juicio, esto constituye una clara violación tanto del derecho ucraniano como del internacional.
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Otros expertos dicen a DW que aconsejan a los propietarios de viviendas en los territorios ocupados inscribirse en el Registro Internacional de Daños para Ucrania, que el Consejo de Europa estableció en mayo de 2023 como primer paso hacia un mecanismo internacional de compensación para las víctimas de la agresión rusa. El problema es que no está claro cuándo podrían abonarse esas compensaciones ni cuáles serán las cantidades.
Fuente: Deutsche Welle
