LEYES DOMINICANAS – HISTORIA DOMINICANA RECIENTE CON PROTAGONISTAS VIGENTES EN LA POLÍTICA DOMINICANA
La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas fue promulgada el 18 de agosto de 2006, durante el gobierno de Leonel Fernández Reyna (2004-2008). Aunque buscaba transparencia, sus modificaciones posteriores (Ley 449-06) facilitaron la corrupción al permitir el uso excesivo de mecanismos de excepción, compras directas y la falta de sanciones efectivas, debilitando la licitación pública.
Puntos clave sobre la promulgación y corrupción:
- Gobierno: Leonel Fernández Reyna (PLD).
- Contexto de Corrupción: La modificación de la ley (Ley 449-06) fue la que introdujo debilidades significativas.
- Mecanismos facilitadores:
- Excesivas excepciones: Facilidad para justificar compras directas sin licitación.
- Subasta Inversa: Utilizada a veces para favorecer proveedores preseleccionados en lugar de buscar la mejor calidad-precio.
- Falta de rigurosidad: Debilidades en los pliegos de condiciones y fiscalización de los contratos.
La normativa, pese a tener una base teórica de transparencia, fue instrumentalizada por funcionarios para desviar recursos públicos a través de contrataciones amañadas.
MÁSCLARO
La Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones fue promulgada el 18 de agosto de 2006 durante el segundo mandato de Leonel Fernández Reyna (2004-2008).
DEBILIDADES EN LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PROMULGADA EN GOBIERNO DE LEONEL .-
Aunque nació con el fin de modernizar el Estado para el tratado DR-CAFTA, diversos análisis señalan que ciertas debilidades técnicas facilitaron actos de corrupción:
* Excepciones y exclusiones amplias: El artículo 6 permitía excluir procesos de seguridad nacional, emergencia y urgencia, lo que se utilizó frecuentemente para evitar licitaciones públicas y realizar adjudicaciones directas.
* Falta de régimen de consecuencias: La normativa original era considerada “obsoleta” por carecer de sanciones penales severas (como prisión) para funcionarios y empresarios, limitándose mayormente a faltas administrativas.
* Ambigüedad en procesos especiales: Figuras como el “sorteo de obras” y la “comparación de precios” permitían fragmentar compras o favorecer a oferentes específicos bajo criterios menos rigurosos que una licitación internacional.
*Debilidades Identificadas: Se han señalado debilidades en la ley original que facilitaron ineficiencias y actos ilícitos.
* Corrupción en la Contratación: El riesgo de corrupción en la contratación pública está asociado a la alta discrecionalidad de los funcionarios, la complejidad de los procesos y la falta de controles, elementos que la normativa 340-06 no blindó suficientemente en su origen.
* Nuevas Normativas: La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas se promulgó como un nuevo pilar de transparencia, buscando corregir las debilidades previas y mejorar la eficiencia del gasto público.
* Objetivo de la Reforma: El objetivo de actualizar el marco legal es asegurar una efectiva implementación, aumentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
FUENTES:
Esta información se fundamenta en documentos oficiales del Estado dominicano, textos legales y análisis de organismos de la sociedad civil. Las fuentes principales son:
- Documento Legal Base: El texto íntegro de la Ley núm. 340-06 y su modificación inmediata en la Ley núm. 449-06, que define los principios de transparencia y las facultades del órgano rector.
- Análisis Crítico Institucional: Estudios de organizaciones como Participación Ciudadana, que identifican el artículo 6 (excepciones por urgencia o seguridad) como un punto crítico que facilitó la discrecionalidad.
- Órgano Rector (DGCP): La Dirección General de Contrataciones Públicas ha reconocido en sus propuestas de reforma la necesidad de superar debilidades como la falta de sanciones penales y la fragmentación de procesos en modalidades como la “comparación de precios”.
- Artículos Especializados: Columnas de análisis técnico, como las publicadas en Periódico El Día, que detallan cómo la estructura original de la ley sirvió de “vector de corrupción” por su permisividad en ciertos tipos de adjudicaciones.
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