El objetivo es ambicioso: coordinar fuerzas, inteligencia y operaciones contra los grandes cárteles del narcotráfico. Para lograrlo, Estados Unidos impulsa una nueva alianza regional, la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés), que acaba de reunirse en Panamá.
Con la incorporación de Colombia, anunciada durante la cumbre, la A3C cuenta con 19 miembros: Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Pero dos pesos pesados de la región están ausentes: México y Brasil.
"El desafío es pasar de los acuerdos diplomáticos a operaciones conjuntas de alto impacto", señala a DW Pedro Yaranga, docente de Ciencia Política y especialista en seguridad integral. Para ello, explica, la A3C deberá avanzar en bases de datos compartidas y centros de inteligencia que permitan intercambiar información en tiempo real y rastrear las rutas financieras, las criptomonedas y las cadenas logísticas de los cárteles. La coalición, advierte, se encuentra en una "delgada línea": convertirse en un verdadero hito de integración operativa o quedar reducida a un foro de buenas intenciones.
Pero convertir esos objetivos en acciones concretas plantea serias dificultades. Yaranga recuerda que los países de la coalición no tienen la misma voluntad política, estabilidad institucional ni recursos económicos. A ello se suman sistemas judiciales frágiles y altos niveles de corrupción e infiltración institucional en algunos Estados, factores que pueden generar desconfianza y dificultar precisamente uno de los pilares de la iniciativa: compartir información sensible.
Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la cooperación regional es fundamental para combatir el crimen organizado, responsable de buena parte de la violencia en América Latina. Pero advierte, consultada por este medio, que no será exitosa si se basa en inteligencia de baja calidad, si privilegia los ataques contra "el eslabón más débil de la cadena criminal" mediante usos ilegales de la fuerza y si no va acompañada de "un proceso serio de fortalecimiento de la administración de justicia".
Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar una coalición contra los grandes cárteles que no incluya a México? "Las redes criminales mexicanas son actores clave del narcotráfico regional, especialmente en las rutas hacia Estados Unidos", indica a DW Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime en Ciudad de México. A lo largo del continente, agrega, funcionan además como importantes compradores y subcontratan a otras redes para servicios que van desde el transporte y la logística hasta la producción y el suministro de drogas.
Dittmar señala que las redes sudamericanas buscan cada vez más diversificar sus mercados hacia Europa y Asia, pero cuando intentan acceder al estadounidense necesitan coordinarse con redes mexicanas. "Si uno de los objetivos centrales de la coalición es reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, resulta difícil imaginar una estrategia eficaz que no contemple algún mecanismo de colaboración con México", sostiene.
Brasil es la otra gran ausencia. Yaranga destaca que el país alberga a dos de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. En particular, afirma, el PCC controla importantes rutas que conectan la producción andina con los puertos del sur de Brasil, especialmente Santos, desde donde sale cocaína hacia África y Europa.
"Es imposible hablar de una estrategia hemisférica efectiva contra el crimen organizado sin la participación de México y Brasil", asegura Dittmar.
La incorporación de Colombia refuerza, en cambio, el peso operativo de la coalición. Para Yaranga, la participación de Colombia, uno de los principales productores mundiales de cocaína, junto con Perú, le da a la A3C "la legitimidad geográfica y el músculo estratégico indispensable para golpear de forma contundente la oferta de drogas y la infraestructura financiera de los cárteles y del crimen organizado en Sudamérica".
Más allá de su capacidad operativa, la iniciativa tiene también una dimensión política. Goebertus cuestiona el enfoque de Washington: "La administración Trump parece más interesada en alianzas político-electorales y en bombardeos que puedan subir a redes sociales que en una estrategia real para la reducción del control territorial y poblacional por parte de estos grupos criminales".
En este contexto, Dittmar plantea "dudas sobre el alcance real de la coalición". A su juicio, no necesariamente están representados los países cuya participación sería más importante para desarticular las redes criminales transnacionales. "Su composición parece responder a consideraciones políticas y a la construcción de un bloque de países aliados de Washington", concluye.
Fuente: Deutsche Welle
