“Profunda preocupación”, “discriminatorio”, “retroceso civilizatorio”. Estos son los comentarios emitidos por la Unión Europea, el Consejo de Europa y Australia (en un comunicado conjunto con Nueva Zelanda y países del Viejo Continente) sobre la reciente ampliación de la pena de muerte en Israel. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, incluso considera que es “un paso más hacia el apartheid en Israel”, y advierte que el mundo no debe permanecer en silencio.

La ley aprobada por la Knéset (el Parlamento de Israel) se basa en una propuesta presentada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Entre otras cosas, estipula que los condenados por tribunales militares israelíes por ataques mortales serán condenados a la pena de muerte. En la práctica, esta normativa aplica solo a palestinos, no a israelíes.

La ley incluye disposiciones que señalan que la ejecución en la horca debe realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, sin derecho a indulto. Sesenta y dos de los 120 miembros del Parlamento votaron a favor de la propuesta.

Antes de la aprobación de esta ley, la pena de muerte ya existía en Israel. Se aplicaba en casos de crímenes de lesa humanidad o contra el pueblo judío, además de bajo ciertas circunstancias en el marco de la ley marcial, aunque en 1954 había sido abolida para delitos comunes y tiempos de paz.

Hasta la fecha, la pena de muerte solo se ha aplicado dos veces en Israel: en 1948 fue ejecutado Meir Tobianski (aunque fue exonerado de forma póstuma), y en 1962 contra el nazi Adolf Eichmann, ajusticiado por “crímenes contra el pueblo judío”.

Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, lamentó la decisión del Parlamento israelí, calificándola de “grave revés”. La pena de muerte es incompatible con las normas actuales de derechos humanos, señaló.

Los 46 países miembros del Consejo de Europa han abolido la pena de muerte. La institución espera (y lucha para) que lo mismo suceda en todo el planeta.

Si la ley entra en vigor, esto supondría “un mayor distanciamiento de Israel del sistema de valores (…) con el que históricamente se identifica”, afirmó Berset.

Israel es socio de varios convenios del Consejo de Europa y participa en ellos. Además, ostenta el estatus de observador de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde 1957. Esta condición se ha visto “seriamente amenazada” por la aprobación de esta ley, escribió Petra Bayr, presidenta de la asamblea, en su cuenta de X. Ella espera que el tema se debata en una reunión de la institución a fines de abril.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel aplaudió el resultado de la votación en la Knéset. Ben-Gvir describió a la ley como “la más importante de las últimas décadas”. En una publicación en X explicó que la iniciativa legal “está sujeta a un riguroso proceso judicial, que incluye altos estándares de prueba, representación legal integral y el derecho a apelar ante los tribunales superiores”.

La oposición y grupos de derechos humanos en Israel ya anunciaron que presentarán una demanda ante el Tribunal Supremo. El rabino Gilad Kariv, miembro del Parlamento, aseguró que “iremos a los tribunales por esta ley inmoral, que contradice completamente nuestros valores judíos y democráticos”.

La Unión Europea está evaluando el tema a nivel diplomático, anunció Bruselas el martes (31.03.2026). En cuando a posibles medidas concretas, lo anunciado en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue vigente, dijo un portavoz de la comisión.

En aquella ocasión, Von der Leyen presentó un paquete de medidas que incluía sanciones contra ministros “extremistas” y “colonos violentos”, así como una propuesta para suspender el acuerdo de asociación comercial entre la UE e Israel.

La imposición de sanciones, empero, requiere el consentimiento de todos los estados miembros de la UE. Es aquí donde el plan tiene su piedra de tope. Si el consenso europeo en contra de la pena de muerte cambiará algo, está por verse. En tres semanas más sabremos la respuesta, cuando los ministros de Exteriores de la UE se reúnan en Bruselas.

Fuente: Deutsche Welle