Editorial del periodico Hoy
Es difícil afirmar categóricamente que las autoridades judiciales que pretextan propósitos de investigación legal cuidan los límites erigidos bajo la declaración universal de derechos para que -excepto en bien fundados motivos para la sospecha- la vida y particularidades de las personas estén protegidas de injerencias. Resultan preocupates las sañales de que el espionaje telefónico al alcance de mecanismos oficiales para hurgar privacidades ha salido riesgosamente de cauce en perjuicio de ciudadanos desconectados de incriminaciones.
En algunos sonados casos se ha motivado a la opinión pública a suponer interés de observar, con prejuicios y atropello de los usos permitidos, detalles no públicos de personalidades. Extrañas confusiones sobre pertenencias de líneas telefónicas intervenidas mueven a escepticismo.
Los criterios para intromisiones mediante pinchazos a teleconexiones de ciudadanos que deben estar vedadas a exploraciones de la sinrazón quedan bajo examen de una sociedad alarmada por la posiblidad de que se esté haciendo lo mismo en distintas direcciones incluyendo fisgonear a la prensa en esta hora de controversias sobre ejercicios de poder y pretensiones de permanencia. El país necesita garantías de que las interceptaciones parten de evidencias de transgresiones en las conductas tocadas por acechanzas y de que los jueces que las autorizan actúan con absoluto respeto a los procedimientos.
Fuente Hoy Digital
