Panorama
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria y Comercio apoderó a la Procuraduría General de la República de una instancia para que abra una investigación en torno a una denuncia hecha por los principales directivos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina (ANADEGAS) y la Federación Nacional de Transporte “La Nueva Opción” (Fenatrano) respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles”, con la supuesta convivencia de funcionarios del gobierno y en especial de ese Ministerio.
En la instancia depositada también se solicita convocar a los denunciantes, Anulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres para que aporten las pruebas que dicen tener sobre la existencia de esa supuesta mafia.
El requerimiento al Ministerio Público de apertura de una investigación está suscrita por el Ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, y el Consultor Jurídico de dicha entidad, César Avilés Coste.
Investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”
Ambos solicitan al Procurador designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la existencia en el país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios públicos.
A seguidas el Ministerio de Industria y Comercio requirió de manera pública y mediante acto de alguacil que los denunciantes dieran a conocer las pruebas que dicen tener sobre sus denuncias y que identifiquen a los funcionarios o personas que “estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles”.
“Hasta el momento, los denunciantes públicos, no han depositado ante el MICM, ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni tampoco han formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se han quedado en denuncias”, señala el documento.
Fuente EL Día
