El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, y su partido Tisza quieren recuperar los fondos y activos que acabaron -por vías dudosas- en manos de la familia del derrocado líder húngaro Viktor Orbán o de sus aliados, diversos oligarcas o testaferros. El nuevo Gobierno quiere que esos fondos vuelvan a manos del Estado y también tiene previsto exigir responsabilidades a los beneficiarios ante la ley.
Se han robado o desviado miles de millones de euros y, si hay que dar crédito a las redes sociales, muchos húngaros quieren ver a los responsables entre rejas. Magyar ha hablado de unos 60.000 millones de euros (70.000 millones de dólares), aunque otras estimaciones sugieren que la cantidad real podría ser tres veces mayor.
Los observadores afirman que el éxito o el fracaso de la recuperación de activos influirá casi con toda seguridad en el futuro de Magyar y del partido Tisza.
Las enormes sumas de dinero que se buscan están vinculadas a imágenes de lujo bajo el mandato de Orbán. La familia del ex primer ministro húngaro, los miembros de su partido y los oligarcas afines a él vivían en fincas lujosas, volaban en jets privados, pasaban sus vacaciones en yates de lujo y se adjudicaban repetidamente contratos públicos por valor de miles de millones.
Empresarios, artistas, académicos y periodistas afines a Orbán también recibieron durante años generosas ayudas con fondos públicos. A menudo, su principal requisito era la lealtad al ex primer ministro.
Esos estilos de vida contrastaban con la vida que llevaban los húngaros en situación de pobreza, la imagen de unas infraestructuras públicas descuidadas, las malas condiciones de las escuelas y los hospitales, y el éxodo de muchos jóvenes húngaros fuera del país, así como con un enorme déficit en el presupuesto estatal, que ascendía a alrededor del 7,5 % de la renta nacional de Hungría. Estos contrastes explican por qué existe un deseo tan generalizado de justicia.
Han pasado casi cuatro meses desde que el nuevo Gobierno magiar asumió el cargo y se han puesto en marcha oficialmente las medidas contra la corrupción. A finales de julio, el nuevo Gobierno creó la Autoridad Nacional para la Recuperación de Activos (NVVH), una especie de "super institución" con amplios poderes e independencia.
Hungría no ha tenido una autoridad como esta en su historia moderna. La forma en que se privatizaron los activos estatales en la década de los noventa, tras el régimen comunista, fue problemática, como solía ocurrir en otros lugares del antiguo bloque soviético. Cuando Orbán llegó al poder por primera vez en 2010, hubo un intento poco entusiasta de abordar la corrupción del Gobierno anterior, bajo el mandato de Ferenc Gyurcsány, pero no llegó a nada.
La NVVH investigará adónde se destinaron los fondos públicos y cómo se utilizaron activos como los inmuebles. Aunque no se ha fijado una fecha concreta, las investigaciones se centrarán en el mandato del Gobierno de Orbán, es decir, desde 2010. La autoridad también tiene como objetivo garantizar que esto no vuelva a suceder y analizará cómo deben utilizarse los fondos y activos públicos en el futuro.
La NVVH tiene competencias tanto policiales como fiscales, por lo que puede investigar casos y presentar cargos. La autoridad rendirá cuentas ante el Parlamento húngaro.
Sin embargo, la creación de la NVVH no ha estado exenta de polémica. A finales de la semana pasada, el Parlamento nombró a Anna Unger, de 46 años, politóloga de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, para dirigir el nuevo organismo anticorrupción y de recuperación de activos. Unger es experta en sistemas políticos, instituciones democráticas y financiación de partidos, y fue elegida entre casi 100 candidatos en un proceso de varias fases.
A algunos les sorprendió el nombramiento de Unger, ya que no era realmente una figura pública. Su investigación ha abarcado la corrupción política, pero no es una experta reconocida en la materia, ni tampoco es abogada. Los observadores esperaban que el puesto lo ocupara un abogado o un experto en lucha contra la corrupción, alguien como Miklos Ligeti, responsable de asuntos jurídicos de Transparency International Hungría desde 2012. Ligeti también se presentó al puesto, pero, según se informa, está entre los nombres que se barajan para el cargo de subdirector.
Representantes del Gobierno afirmaron que Unger había presentado una visión política integral para la labor de la agencia. Durante su comparecencia ante el Parlamento, afirmó que, bajo el mandato de Orbán, Hungría había sido testigo de algo más que lo que se podría denominar corrupción clásica. Según argumentó, había prevalecido un sistema casi feudal. Por eso, además de la restitución y la recuperación de activos, era necesario investigar a fondo y sacar a la luz ese sistema para que nunca volviera a repetirse, señaló Unger, que también causó sorpresa cuando afirmó que sería una locura esperar sentencias legalmente vinculantes en ningún caso importante de corrupción durante el primer mandato de seis años de la NVVH.
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Fuente: Deutsche Welle
