JUDICIALES – INTERNACIONAL
Estados Unidos incauta el avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana
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“Esto envía un mensaje a la cúpula”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.
La situación en Venezuela ha tenido implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de personas han huido del país y muchas de ellas se han trasladado hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Durante años, los funcionarios estadounidenses han buscado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Las pesquisas llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional, la segunda agencia de investigación más grande del Gobierno estadounidense, han derivado en la incautación de docenas de vehículos de lujo, caballos purasangre, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela.
El avión, un Dassault Falcon 900EX con un valor estimado de US$ 13 millones, había estado en la República Dominicana en los últimos meses, y aunque los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué se presentó una oportunidad para incautar la aeronave.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
El siguiente paso, al llegar a Estados Unidos, será buscar la confiscación de la aeronave, lo que significa que el Gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitarla.
Recientemente, Estados Unidos presionó al Gobierno venezolano para que divulgara “inmediatamente” datos por centro y mesa de votación del resultado de la elección presidencial, citando preocupaciones sobre la credibilidad del anuncio de la victoria de su autoritario líder, Nicolás Maduro.
A principios de este año, Estados Unidos reimpuso sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta a la decisión del Gobierno de Maduro de impedir que se llevara a cabo una “elección inclusiva y competitiva”.
“Vemos a estos funcionarios y al régimen de Maduro básicamente saqueando al pueblo venezolano para su propio beneficio”, dijo el funcionario estadounidense.
“Tienes personas que ni siquiera pueden comprar un pedazo de pan y luego tienes al presidente de Venezuela viajando en un avión privado de alta gama”.
Las malas condiciones económicas, la escasez de alimentos y el acceso limitado a la atención médica han empujado a más de 7,7 millones de personas a huir de Venezuela, marcando el mayor desplazamiento en el hemisferio occidental.
Estados Unidos ha incautado el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y las leyes de control de exportaciones, según ha informado el Departamento de Justicia. CNN, el canal de noticias que ha adelantado la noticia, ha difundido fotografías del avión en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) a donde ha sido trasladado este lunes desde República Dominicana, donde se ha efectuado la confiscación, según fuentes oficiales.
“Esta mañana, el Departamento de Justicia incautó una aeronave que alegamos fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el fiscal general, Merrick Garland, a través de un comunicado. “El Departamento continuará persiguiendo a aquellos que violan nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”, añadió.
“Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente desde Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden volar solas hacia la puesta de sol”, dijo el subsecretario para el Control de las Exportaciones, Matthew S. Axelrod, del Departamento de Comercio. “No importa lo lujoso que sea el jet privado o lo poderosos que sean los funcionarios, trabajaremos sin descanso con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, añadió.
En agosto de 2019, Donald Trump, siendo presidente, emitió un decreto que prohíbe a las personas estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para, o en nombre de, el Gobierno de Venezuela. Para proteger los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles a la exportación de artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.
Según la investigación estadounidense, a finales de 2022 y principios de 2023, personas vinculadas con Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave Dassault Falcon 900EX (que en ese momento estaba valorada en aproximadamente 13 millones de dólares) a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. A continuación, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con número de cola T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países.
El avión había estado en la República Dominicana en los últimos meses, según relata la CNN, que indica que se presentó la oportunidad ahora de incautar la aeronave. En la operación participaron varias agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
“Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente desde Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden volar solas hacia la puesta de sol”, dijo el subsecretario para el Control de las Exportaciones, Matthew S. Axelrod, del Departamento de Comercio. “No importa lo lujoso que sea el jet privado o lo poderosos que sean los funcionarios, trabajaremos sin descanso con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, añadió.

El avión de Maduro confiscado en RD no está a nombre del gobierno venezolano
El avión Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro y que fue confiscado en República Dominicana por Estados Unidos, no está a nombre del mandatario venezolano, reveló este lunes el presidente Luis Abinader.
«Está a nombre de un particular», puntualizó Abinader durante el encuentro de cada semana con la prensa desde el Palacio Nacional.
Previo a la revelación del mandatario dominicano, el canciller Roberto Álvarez detalló que la confiscación se da luego de una solicitud del gobierno estadounidense al Ministerio Público para que inmovilizaran la aeronave en mayo de este año.
Álvarez acotó, además, que las autoridades dominicanas no participaron de la investigación del avión, relacionada a los cargos que imputa Estados Unidos a Maduro.
En tanto, el gobierno de venezolano anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión de Maduro.
Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EE.UU., señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado.
Según Washington, la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares, propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
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