Incertidumbre, sorpresa e indignación ha generado el anuncio del gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast de dar pie atrás en la expropiación de una parte de la ex Colonia Dignidad. El asentamiento alemán, hoy conocido como Villa Baviera, fue escenario de horribles crímenes y violaciones a los derechos humanos contra alemanes y chilenos, y colaboró con la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Como parte del acuerdo bilateral entre Chile y Alemania, ambos estados acordaron en 2017 transformar esta colonia, que funcionó como un régimen sectario, en un sitio de memoria y centro de documentación. Para ello se creó una Comisión Mixta de trabajo bilateral que ha funcionado desde entonces, a pesar de los cambios de gobierno en ambos países.

Siendo presidente, Gabriel Boric dio un paso decisivo, al decretar en 2025 la expropiación de 117 hectáreas del enclave, lo que implica trasladar a sus cerca de cien residentes. Sin embargo, la medida no llegó a verse concretada antes del cambio de mando.

En contraste, el actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, en entrevista con el diario La Tercera, rechazó de plano lo que llamó un “proyecto faraónico”, que según dijo costaría 47 mil millones de pesos (unos 45 millones de euros). Argumentó que no lo mueve un tema ideológico, sino de presupuesto, y que su prioridad es la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por incendios.

Ante el revuelo que causaron sus palabras, más tarde José García, ministro general de la Presidencia, matizó diciendo que sería una suspensión por un año, pero que continuarían con los compromisos internacionales. Sin embargo, Poduje habló de revocar la expropiación y advirtió que no se trata solo de un tema fiscal, sino de irregularidades en el proceso. DW consultó en el gobierno chileno, para obtener más antecedentes, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Hoy en conferencia de prensa, Kathrin Deschauer, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, reconoció que se trata de informaciones recientes que tendrán que analizar en forma intensiva.

En todo caso, reafirmó que la “revisión de los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad es de gran importancia para el gobierno federal y, por lo mismo, este apoya el proyecto de levantar un sitio de memoria en Chile”.

Indicó que hablará con los interlocutores en Chile sobre las consecuencias prácticas de lo que significa esta nueva información. Al respecto, Deschauer recordó que se mantiene la instancia de la Comisión Mixta entre ambos países, que se reunió en diciembre pasado, y que debiera tener una nueva sesión en los próximos meses, y que en esa ocasión será muy importante aclarar las interrogantes que surgen en torno al proyecto de sitio de memoria.

“Estamos todos en shock . El presidente Kast prolonga la existencia de Colonia Dignidad como un enclave de inmigrantes alemanes que subvirtieron la soberanía nacional en Chile”, dice a DW Winfried Hempel, excolono y abogado de víctimas de la secta.

Por su parte, Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, alerta que no se trata de una simple decisión administrativa: “Para las víctimas, esto es una señal de abandono. Les dice que incluso cuando el propio Estado reconoce oficialmente un lugar como escenario de secuestro, tortura y desaparición forzada, ese reconocimiento puede ser relativizado por razones políticas o presupuestarias”, señala a DW.

Considerando que el Estado ha reconocido que el sitio tiene valor probatorio y potencial de nuevos hallazgos, “frenar la expropiación no es neutro: es una forma de debilitar las condiciones para avanzar en verdad y justicia”, agrega Romero.

Para Mariela Santana, abogada de víctimas de la represión cometida en Colonia Dignidad por agentes de la dictadura, el anuncio “es un retroceso grave en materia de derechos humanos”. La abogada dice a DW que la expropiación “había marcado un hito en términos de memoria y de derecho a reparación”, y que detenerla es “una verdadera bofetada para las familias de las víctimas”.

Asimismo, explica que “retroceder en esa medida vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado chileno”. Por lo mismo, la abogada de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, denunció al gobierno chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Alemania, Evelyn Hevia, psicóloga, historiadora e investigadora de Colonia Dignidad, reflexiona que dentro de la lógica esgrimida por el nuevo gobierno de estar en una “emergencia” era esperable que “proyectos de esta naturaleza y con los costos que eso implica fueran detenidos”. Sin embargo, “Chile en tanto estado tiene un compromiso con el caso de la Colonia Dignidad. No solo tiene que ver con saldar las deudas en materia de memoria, de justicia y de verdad de las víctimas, sino también es la posibilidad de dar respuesta a las víctimas que todavía viven en ese lugar y disputan la herencia del patrimonio”, dice a DW.

Reconoce que en la actualidad los sitios de memoria en Chile enfrentan problemas de financiamiento, lo que pone en peligro su continuidad. Este proyecto, en el que se ha trabajado por más de una década, enfrenta grandes desafíos.

Hempel considera que la tasación indicada -47 mil millones de pesos- por el gobierno es exagerada. Según calcula, eso equivale a decir que cada hectárea vale casi 800 millones de pesos (750 mil euros), lo que no se condice con el precio en la zona, que sería de unos 50 millones de pesos por hectárea. “Esta es una treta para no expropiar Colonia Dignidad y mantener ese enclave alemán”, acusa el excolono.

Romero advierte que no hay una base pública para verificar el valor que afirma el ministro de Vivienda. “Más bien, lo que se observa es la utilización del argumento económico como justificación política para frenar la expropiación”, apunta y agrega que, ante el elevado valor, junto a otras organizaciones solicitaron una nueva tasación. Asimismo, asegura que hay cotizaciones previas que no han sido publicadas ni contrastadas, incluida una encargada por Alemania a la GIZ, agencia de cooperación internacional, en 2018, en que los valores difieren radicalmente.

“El ministro Poduje señala no tener dinero para hacer tasaciones y prefiere quedarse con cifras inexplicables demostrando falta de voluntad política. Utiliza el argumento del alto costo sin transparentar una cifra oficial ni permitir que el proceso de tasación se complete en condiciones técnicas normales”, advierte.

“Aquí hay un exceso de populismo con este tipo de declaraciones tan fuertes, pero también esto muestra la fragilidad en que quedaron estos en temas”, dice Hevia en referencia a la falta de un compromiso de Estado, más allá del gobierno de turno. “Este gran anuncio que se convirtió en una noticia internacional no estuvo acompañado de un proceso que le diera viabilidad a un proyecto de esa envergadura”, agrega la historiadora.

Más de un año pasó desde el anuncio en junio de 2024 hasta la firma del decreto expropiatorio. En marzo de 2026 asumió el gobierno de Kast sin que se hubiera hecho efectiva. Tampoco hubo planes concretos ni acuerdos para trasladar a las familias residentes, que se oponen a dejar el lugar.

“El gobierno de Boric fue demasiado lento en concretizar este proyecto. Es muy lamentable, quedó como un gran anuncio”, indica Hempel. En opinión de Santana, “la administración anterior actuó con falta de diligencia y desprolijidad, lo que retrasó la materialización del proyecto, pero nada de eso justifica desandar el camino”.

Consultada la administración de Villa Baviera, reiteró en una declaración que se opone a la expropiación como está planteada —que implica que desalojen el lugar—, si bien apoya la creación de un sitio de memoria.

La comunidad que reside y trabaja en el lugar recordó que también son víctimas y esperan que su opinión sea tomada en cuenta. En ese sentido, confían poder “trabajar con las nuevas autoridades de forma distinta y colaborativa. Siempre hemos propuesto que se pueda llegar a una solución intermedia que permitiera respetar la memoria y también el presente de quienes viven y trabajan en Villa Baviera actualmente”.

Por su parte, Romero anuncia que las organizaciones de la sociedad civil “seguirán trabajando en el desarrollo del futuro sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad, así como en la búsqueda de verdad y justicia para los crímenes que allí se cometieron”.

Existe una responsabilidad de Chile y Alemania, subraya Santana y reitera que, al crear la Comisión Mixta, ambos estados reconocieron la necesidad “de abordar el pasado, honrar a las víctimas y asegurar la no repetición de estos crímenes. En ese marco se impulsa la creación de un sitio de memoria en el lugar, siguiendo experiencias comparables a espacios conmemorativos existentes en Alemania y en Chile”.

Fuente: Deutsche Welle