En su tercera rendición de cuentas, este lunes 27 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció que en los próximos días presentará una “segunda oleada” de reformas institucionales con las que su gobierno busca “combatir de manera más eficiente” la criminalidad organizada.
Entre los proyectos destacados por el mandatario se encuentra el de la reforma de la Contraloría General de la República, que inició en enero del 2021 cuando la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó sobre la formación de una comisión de expertos que realizaría un “riguroso” estudio técnico del desempeño de la entidad.
La comisión tenía el encargo de presentar dicho informe, con el que se conduciría a una profunda reforma de ese órgano del Estado, según explicó la funcionaria en ese momento, en un plazo no mayor de 90 días. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados del mismo.
Incluso, desde el gobierno no se había dado más información sobre el tema hasta ayer lunes que el presidente Abinader lo incluyó en su discurso ante la Asamblea Nacional.
El gobierno ha explicado con esta reforma, en la Contraloría General de la República se establecerían atribuciones expresas que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo.
En su alocución, el jefe de Estado también mencionó el proyecto de Ley del Agua, el cual complementaría el de ordenamiento territorial.
Se trata de un plan, que de acuerdo con las autoridades, servirá de mecanismo legal para mejorar el uso de este importante recurso. Con el proyecto se regularía la distribución, preservación, calidad y cantidad del agua para propiciar el desarrollo sustentable de la nación.
La pieza legislativa tenía años debatiéndose en el país, y tras el anuncio del presidente, este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que la Ley de Agua será aprobada en la legislatura que inició hoy.
Abinader también informó que introducirá ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia, que ha sido rechazado por los partidos de oposición.
Pero, su proponente, el gobierno, ha dicho que con el proyecto se configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia.
La Procuraduría General de la República asumió las atribuciones de la Secretaría de Estado de Justicia, a partir del 10 de noviembre de 1964, luego de que la Ley número 485 suprimiera esa cartera
