Para más de 100.000 mujeres en Siria, dejar atrás la guerra no es algo solo emocional, sino también imposible legalmente. Según la ONU y organizaciones sirias de derechos humanos, entre 150.000 y 170.000 personas, en su mayoría hombres, permanecen desaparecidas.

La mayoría fueron víctimas de desaparición forzada tras la escalada del levantamiento de 2011 que derivó en la guerra civil Siria, durante la cual se estima que entre uno y dos millones de personas fueron detenidas. Además, cerca de 600.000 personas fueron asesinadas y muchas terminaron en fosas comunes sin identificar.

La guerra terminó en diciembre de 2024, cuando una coalición de grupos rebeldes liderada por la milicia Hayat Tahrir al Sham (HTS), bajo el mando del actual presidente Ahmad sl Sharaa, derrocó al dictador sirio Bashar al Asad.

“No soy ni esposa ni viuda”, declaró Nora, de 33 años, residente de Al-Dana, una ciudad situada a unos 40 km al oeste de Alepo. La madre pidió que no se publicara su apellido por temor a represalias de la familia de su esposo, ya que la relación es tensa.

“Han pasado 14 años desde que mi esposo desapareció”, explicó a DW. Hace tiempo que perdió la esperanza de que regrese. Sin embargo, tampoco puede seguir adelante porque la familia de él intervino en el tribunal cuando solicitó el certificado de defunción.

Hasta hoy, una piedra angular de la legislación siria es la Ley de Estatuto Personal de 1953, que estipula, por ejemplo, que un tribunal puede declarar muerta a una persona desaparecida cuando esta cumpla 80 años. También se puede establecer una presunción legal de muerte cuatro años después de la desaparición si esta se debe a un conflicto armado, operaciones militares o circunstancias similares.

La ley también otorga a los familiares hombres autoridad sobre decisiones legales clave. Para Nora, esto significa que sin el consentimiento de la familia de su esposo para obtener un certificado de defunción, no puede volver a casarse, heredar bienes, reclamar una pensión ni tener la custodia total de su hijo. “Mi hijo tiene que pedirles su aprobación para cualquier documento oficial hasta que cumpla 18 años”, señaló. Su propia firma no es aceptada y sus suegros no la apoyan, lamentó.

“Esto no es un asunto secundario”, afirmó Hiba Zayadin, investigadora de la división de Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch. “Con más de 100.000 personas desaparecidas en Siria, las esposas se encuentran en un vacío legal y económico, y a sus hijos se les niega la documentación necesaria para acceder a la educación y la atención médica”, declaró a DW. En su opinión, cambiar esta situación debe ser fundamental en cualquier debate serio sobre justicia transicional e igualdad de género en Siria.

Aunque el gobierno de transición de Siria estableció una Autoridad Nacional para Personas Desaparecidas, las reformas importantes a la legislación familiar se han pospuesto hasta el momento.

“Dada la diversidad religiosa y étnica de la población siria, implementar una ley familiar unificada en todo el país dista mucho de ser realista”, argumentó Lena-Maria Möller, profesora asistente de investigación en la facultad de derecho de la Universidad de Qatar, en una entrada de blog para el sitio web de la London School of Economics and Political Science. “Un enfoque más viable podría residir en un marco jurídico familiar diverso que otorgue a cada comunidad mayoritaria cierto grado de autonomía, al tiempo que garantice una estructura legal coherente”, afirmó.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia eliminó la flexibilidad que tenían los jueces para otorgar la tutela a las madres en ausencia del padre, declaró a DW Lina Ghotouk, investigadora siria y especialista en derechos humanos. Desde diciembre de 2025, esta enmienda restringe la tutela legal de menores a una larga lista de familiares hombres y margina a la madre.

“Esto sugiere un cambio gradual hacia una mayor discriminación contra las madres y afecta especialmente a las esposas de los desaparecidos”, afirmó Ghotouk. En su opinión, esto agrava aún más la situación de estas mujeres, que permanecen en un limbo social y legal.

Fuente: Deutsche Welle