Entrevista a Servio Tulio Castaños Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS en Hoy Mismo
Video 19 Sep 2019
FINJUS exhorta a precandidatos a ajustar sus acciones a la Ley Electoral
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reveló que ha pedido a los precandidatos «vinculados al tren gubernamental» que en sus campañas electorales respeten las leyes y abogó que, en caso contrario, la Junta Central Electoral (JCE) imponga sanciones.
“Nos hemos dirigido a los precandidatos que se encuentren vinculados al tren gubernamental, sin importar su bandería política, a respetar las leyes vigentes al respecto, en especial de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19”, sostuvo el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños.
Las normas fundamentales impiden, específicamente, recordó en una nota de prensa, «prevalerse de un cargo público para realizar campaña a favor de uno u otro partido, agrupación o movimiento político determinado”.
“En términos más específicos –detalla-, la legislación electoral vigente, en su artículo 196, párrafo III, plantea que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato».
Tampoco podrán hacer uso, añade la norma, «de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.
En base a «informaciones que aparecen en diversos medios de comunicación», en el sentido de que “algunos funcionarios públicos se encuentran actualmente realizando actos de campaña a favor de candidatos específicos, advertimos -remarca el directivo de la FINJUS- que ese comportamiento implicaría un agravio al principio de legalidad y a la naturaleza de sus funciones, lo que es contrario a la Constitución”.
De persistir estas conductas, añade, “se produciría una lesión en nuestro ordenamiento jurídico que podría acarrear consecuencias negativas para el proceso electoral en sí”.
Servio Tulio Castaños recurre a un texto de Carlos Urruty (La importancia de los organismos electorales. Revista de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Uruguay) para advertir que “no es concebible la existencia de un proceso electoral que merezca la denominación de tal sin la presencia de normas previas que lo regulen”.
En República Dominicana, recuerda el vicepresidente de la FINJUS, “sufrimos por largo tiempo las consecuencias de no contar con una Ley de Partidos y las modificaciones sustanciales al régimen electoral, lo que conllevó a irregularidades y anomalías”, lo que ahora amenaza con reeditarse.
“La situación presente indica que, si no se controla esta cultura de irrespeto a las leyes y se imponen consecuencias a quienes lo hacen, volveremos a observar viejas prácticas que rompen con la esencia democrática y van en detrimento de la seguridad jurídica, causando confusión y estancamiento en la confianza ciudadana”, advirtió.
Destaca que, sin embargo, en la FINJUS se confía en que finalmente los precandidatos “se ajustarán a la legislación electoral y no permitirán que funcionarios que administren recursos del Estado desvirtúen la naturaleza de la función pública y al propio proceso electivo”.
De lo contrario, la Junta Central Electoral tendrá que imponer las sanciones administrativas correspondientes.
“Se hace necesario que los funcionarios públicos se aboquen al cumplimiento de los principios fundamentales que dan origen al Estado social y democrático de derecho y a las legislaciones que de allí nacen. El presente proceso electoral cuenta con normas y procedimientos que deben ser asumidos con firmeza, tanto por los precandidatos, como por la ciudadanía y los poderes públicos. Solo de esta forma podrá contribuirse a la legalidad, la protección de la institucionalidad y la construcción de un mejor clima de gobernanza para el país”, insistió Servio Tulio Castaños.
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