Sobre el autor
Deligne Ascención Burgos
Participé recientemente en la apertura del VIII Encuentro Iberoamericano de Datos de Seguridad Vial, un espacio que reunió en nuestro país a expertos, autoridades y representantes de distintas naciones para compartir experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer las políticas públicas de movilidad y seguridad vial.
Más allá del valor técnico del encuentro, salí de allí con una convicción aún más profunda: salvar vidas en las vías debe seguir siendo una prioridad nacional.
La seguridad vial no puede verse únicamente como un asunto de tránsito. Es una política pública vinculada al orden, la convivencia, la protección de la vida y la capacidad del Estado para organizar mejor los espacios donde millones de ciudadanos se movilizan cada día. Una vía segura no solo permite llegar más rápido; permite llegar con tranquilidad, confianza y respeto.
Cada accidente, cada conducta imprudente y cada norma ignorada nos recuerda que la movilidad no se resuelve solo con infraestructura. Se gestiona con datos, planificación, educación, fiscalización, sanción y coordinación institucional.
La seguridad vial y la movilidad urbana son desafíos acumulados durante décadas, agravados por el crecimiento sostenido del parque vehicular, la expansión de las ciudades y una demanda de transporte cada vez mayor. Visto con datos, se comprende mejor por qué las inversiones en infraestructura vial, transporte masivo, corredores, parqueos, modernización institucional y seguridad vial no son obras aisladas, sino parte de una respuesta integral frente a un país que crece, se mueve más y exige soluciones sostenidas.
El transporte no se soluciona con una sola medida; se gestiona con visión integral. En esa dirección, el Estado dominicano viene articulando de manera cada vez más coordinada a las instituciones responsables de la movilidad, la verificación, el control, la fiscalización, el ordenamiento y la seguridad vial. Metro, Teleférico, OMSA, corredores, INTRANT, DIGESETT, FIMOVIT, Parquéate-RD y los demás actores del sistema forman parte de una misma visión: construir una movilidad más segura, eficiente y humana.
Esa coordinación es fundamental, porque los grandes desafíos del tránsito no se enfrentan desde esfuerzos aislados. Se enfrentan con planificación, seguimiento, presencia en puntos críticos, control efectivo y capacidad de respuesta. Allí donde el Estado coordina mejor, la movilidad mejora; allí donde la autoridad se ejerce con equilibrio, la convivencia vial se fortalece.
La República Dominicana ha avanzado en soluciones importantes de transporte e infraestructura. Pero, junto a esas obras, también debemos seguir fortaleciendo una cultura vial basada en el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana y la protección de la vida.
Educar, fiscalizar y sancionar no son acciones contradictorias; son partes de una misma política pública cuando el objetivo superior es salvar vidas. No se trata de perseguir a un sector. Se trata de proteger a todos. La educación ayuda a prevenir; la fiscalización permite corregir; y la sanción, cuando corresponde, protege el derecho de la mayoría a transitar en seguridad.
Por eso los datos son tan importantes. Un país que mide mejor, decide mejor. Saber dónde ocurren los accidentes, cuáles son las conductas de mayor riesgo, qué zonas requieren intervención y qué medidas producen resultados permite pasar de la reacción a la prevención.
La seguridad vial exige corresponsabilidad. El Estado tiene el deber de planificar, regular y hacer cumplir la ley. Las instituciones deben actuar coordinadas. Pero también cada ciudadano debe comprender que respetar las normas de tránsito es una forma concreta de cuidar la vida propia y la de los demás.
Salvar vidas en las vías no es una consigna. Es una responsabilidad de Estado.
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