A menos de un mes de las elecciones en Israel, una medida del Comité Electoral Central (CEC) de ese país que prohíbe a los partidos árabes participar en los comicios ha desatado un debate sobre la relación entre la seguridad, la identidad nacional y la representación democrática en ese país.
Si las prohibiciones se mantienen vigentes cuando Israel acuda a las urnas, el 27 de octubre de 2026, los ciudadanos árabes de Israel —que representan cerca de una quinta parte de la población del país— se quedarán sin representación en el Parlamento israelí, la Knéset.
Sin embargo, la decisión no es definitiva y el Tribunal Supremo podría revocarla más adelante esta misma semana.
Quizás el partido vetado de mayor relevancia sea Ra'am, también conocido como la Lista Árabe Unida. Actualmente, la formación ocupa cinco de los 120 escaños de la Knéset y mantiene una postura conservadora e islamista. No obstante, a principios de este año anunció que permitiría la candidatura de aspirantes judíos; de hecho, Yoav Segalovitz —excomisionado de la Policía israelí y exviceministro de Seguridad Nacional— tiene previsto presentarse si se autoriza la participación del partido.
La prohibición también afecta a la Lista Conjunta, una coalición de tres partidos: Hadash (una organización de izquierda judío-árabe), Ta'al (un partido nacionalista árabe laico) y Balad (un partido nacionalista palestino). En conjunto, las tres formaciones suman cinco escaños en la Knéset: Hadash cuenta con tres, Ta'al con dos y Balad con ninguno. Aunque no coinciden en todas las cuestiones, los tres partidos concurren juntos a las elecciones para evitar la dispersión del voto y aumentar sus posibilidades de obtener bancadas.
El CEC también vetó a dos candidatos: el presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh —político palestino-israelí y exmiembro de la Knéset—, y Ofer Cassif, legislador judío y actual diputado por Hadash.
El CEC está integrado por representantes del Parlamento saliente, lo que significa que el Likud cuenta con una amplia representación. Según se ha informado, el miércoles 23 de septiembre de 2026, la comisión votó con 18 votos a favor de excluir a Ra'am y 5 en contra. Al día siguiente, el comité rechazó una petición contra el partido Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Recientemente, Ben-Gvir ha sido objeto de críticas por parte de Alemania y muchos otros países tras declarar que, a su juicio, "deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza", independientemente de si los individuos en cuestión suponían una amenaza inmediata.
Si bien un representante del Tribunal Supremo preside el Comité Central Electoral, será finalmente el tribunal quien decida sobre la prohibición, después de que la organización de derechos humanos Adalah confirmara que presentaría un recurso en nombre de los partidos afectados.
Partidos de derecha, como el Likudde Benjamín Netanyahu y Otzma Yehudit, han iniciado peticiones para prohibir estas formaciones y a los individuos asociados a ellas. Una disposición de la Ley Básica de la Knéset veta a los candidatos que nieguen la existencia del Estado de Israel como Estado judío y democrático, inciten al racismo o apoyen la lucha armada de un Estado hostil o una organización terrorista contra el Estado de Israel.
Los partidarios de las prohibiciones argumentan que algunos líderes de los partidos habían hecho declaraciones o mostrado conductas que traspasaban los límites legales. En el caso de Ra'am, los demandantes citaron supuestas conexiones entre organizaciones vinculadas al partido y entidades relacionadas con Hamás, así como declaraciones del líder de Ra'am, Mansour Abbas que, según afirman, reflejaban mensajes contradictorios dirigidos a audiencias de habla hebrea y árabe.
Las peticiones contra Sami Abu Shehadeh y Ofer Cassif también se han basado en declaraciones y escritos anteriores que, según sus oponentes, equivalían a un apoyo a posturas que socavan la existencia de Israel como Estado judío.
Ra'am y la Lista Conjunta rechazan enérgicamente las acusaciones.
Ra'am argumenta que los demandantes no han aportado las pruebas claras y convincentes exigidas por la ley israelí. El partido señala la condena de Mansour Abbas a los atentados del 7 de octubre y sus esfuerzos en favor de los rehenes israelíes como prueba de que no apoya el terrorismo.
La organización de derechos humanos Adalah, que representa a las partes, ha declarado que "la Comisión Electoral Central llevó a cabo un proceso político ilegítimo destinado a perseguir ideas que la mayoría no acepta, y que culminó con la inhabilitación de toda la representación palestina en la Knesset israelí".
Por su parte, la Lista Conjunta afirma que la medida equivale a un intento de privar del derecho al voto a más de un millón de ciudadanos árabes y acusa al gobierno de intentar reprimir la participación política árabe.
Cassif adoptó un tono similar en X, cuando calificó la decisión como "otro clavo en el ataúd de los restos de la democracia" en Israel.
No a esta escala. Si bien las autoridades electorales israelíes ya han intentado descalificar a partidos y candidatos árabes, la exclusión simultánea de todas las principales listas electorales lideradas por árabes no tendría precedentes.
Balad, en particular, había sido vetado anteriormente, antes de que un fallo del Tribunal Supremo le permitiera presentarse a las elecciones. Esto ocurrió en 2022, 2019, 2009 y 2003, a menudo por unanimidad. La prohibición impuesta a Cassif en 2019 también fue revocada.
Desde que una enmienda legal de 1985 permitió tales impugnaciones por parte del comité, la Corte Suprema solo ha ratificado una decisión de este tipo: contra el partido judío ortodoxo ultranacionalista Kach en 1988.
Muchos partidarios de las prohibiciones argumentan que el ataque del 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza cambiaron el contexto político.
Sostienen que las declaraciones o actividades que antes podían haber sido toleradas deberían considerarse más serias tras el ataque liderado por Hamás y en el contexto de un conflicto regional en curso.
Antes de la decisión de la Comisión Electoral Central, el partido Likud de Netanyahu dejó claro su apoyo a la prohibición. "No hay lugar en la Knesset para quienes atentan contra los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y son incapaces de afirmar que Hamás y Hezbolá son organizaciones terroristas", declaró el partido en un comunicado.
Netanyahu es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI ) por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023.
Por otra parte, las reacciones políticos israelíes de centro han sido diversas.
Algunos políticos centristas han apoyado la descalificación de candidatos específicos, al tiempo que han expresado su preocupación por la exclusión de listas de partidos enteras que representan a una minoría sustancial de ciudadanos israelíes.
Quizás lo más importante es que el sistema judicial israelí no ha respaldado hasta ahora las inhabilitaciones. Según se informa, la Fiscalía General Gali Baharav-Miara concluyó que las pruebas contra Ra'am y la Lista Conjunta no cumplían con los requisitos legales para la exclusión, aunque sí apoyó la inhabilitación del presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh.
Gran parte de la reacción de los medios ha sido mordaz. Un artículo de opinión en el Jerusalem Post decía: "Israel ha pasado décadas autoproclamándose con orgullo la única democracia de Oriente Medio. Intentar excluir a los representantes políticos de los ciudadanos árabes, que constituyen aproximadamente una quinta parte de la sociedad israelí, es peligroso y fundamentalmente antidemocrático".
Mientras tanto, el Times of Israel lamentó el proceso de prohibición errático y contradictorio del CEC, afirmando que es "una apuesta segura que el 27 de octubre los votantes podrán emitir su voto por la Lista Conjunta y Ra'am", antes de añadir que: "Dado el historial fallido de estas descalificaciones, es posible que los políticos de la coalición hayan estado dispuestos a jugar a las malas con los derechos democráticos para complacer a sus bases y deslegitimar a los partidos árabes, todo ello contando con que el Tribunal Supremo mantenga el statu quo".
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Fuente: Deutsche Welle
