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HAZ CLIC AQUÍ ➜Todavía se trata de un proyecto piloto para 100 personas, que podría comenzar a concretarse en algún momento del verano europeo de 2027. Sin embargo, las críticas en Alemania ya son numerosas, porque se trata del primer centro de deportación para solicitantes de asilo obligados a abandonar el país en el que pretende participar el Gobierno alemán.
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (CSU), presentó, durante una conferencia sobre migración celebrada en Viena, un plan para establecer un centro de deportación conjunto en Ruanda, país de África central. En la reunión participaron sus homólogos de Grecia, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Ruanda. Al centro serían trasladadas personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas en la Unión Europea, que estén legalmente obligadas a abandonar el territorio europeo y cuyos países de origen se nieguen a recibirlas.
Diputados del Partido Socialdemócrata (SPD), que integra la coalición de Gobierno junto con los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), que integran la coalición de Gobierno, criticaron la iniciativa del ministro del Interior.
La diputada Rasha Nasr comenta a DW que la propuesta no ha sido acordada dentro de la coalición. Nasr rechaza las deportaciones a la "dictadura" de Ruanda, argumentando que allí no se puede garantizar el respeto a los derechos humanos.
"Los derechos humanos no nos son indiferentes. Tampoco deberían serlo para el Gobierno alemán. Por eso esperamos, al menos, que Alexander Dobrindt insista en las próximas negociaciones en que se respeten los derechos humanos. Y eso es precisamente lo que está en duda en Ruanda", afirma la política socialdemócrata.
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, no considera que exista un problema dentro de la coalición. Según un portavoz del ministro, el Gobierno simplemente está aplicando lo que ahora permite la legislación europea tras la reforma del sistema de asilo de la UE, que contempla expresamente la creación de "centros de retorno" en terceros países.
La reforma de la legislación de asilo ha contado con el respaldo de todo el Gobierno alemán, incluido el SPD. Durante una conferencia de prensa en Viena, Dobrindt calificó el acuerdo con Ruanda como "un paso más en la preparación de soluciones innovadoras".
La implementación comenzará recién en 2027. "Queremos demostrar que podemos hacer cumplir eficazmente las obligaciones de salida de la UE dentro del Estado de derecho. Nos encontramos con límites cuando los países de origen no cooperan lo suficiente. (…) Necesitamos esta posibilidad para poder aplicar nuestra política migratoria", explicó Dobrindt al justificar su apoyo a los centros de deportación fuera de la UE.
El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, participó en las conversaciones de Viena y asumió los compromisos correspondientes. "Ruanda quiere contribuir a abordar el problema mundial de la migración", declaró Biruta.
Según el ministro, los solicitantes de asilo deportados podrían permanecer en Ruanda e integrarse en la sociedad, lo que también permitiría beneficiar al país africano. Biruta no ofreció información sobre posibles compensaciones económicas por parte de los países europeos participantes.
El objetivo no es trasladar los procedimientos de asilo de Europa a Ruanda. El Gobierno británico ya ha intentado hacerlo, pero el proyecto fue frenado en 2023 por tribunales del Reino Unido y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Dobrindt aseguró que su iniciativa se dirige exclusivamente a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas en Alemania, que hayan agotado todas las vías legales y que no cuenten con ningún estatus de protección.
"No se trata de enormes centros de deportación cerrados en territorio ruandés", señaló el ministro. El número absoluto de posibles deportaciones sería relativamente pequeño. No obstante, Dobrindt espera que la medida tenga un "efecto disuasorio" sobre los migrantes y las redes de tráfico ilícito de personas, al dejar claro que quienes no tengan derecho a permanecer en Europa podrían terminar en Ruanda.
Organizaciones humanitarias alemanas, como Pan para el Mundo y Caritas International, cuestionan la cooperación con Ruanda.
Oliver Müller, miembro de la junta directiva de la organización católica Caritas, muestra preocupación por cuestiones humanitarias y relacionadas con los derechos humanos. Según Müller, existen riesgos graves y sigue sin estar claro por qué las deportaciones desde Ruanda deberían funcionar mejor que desde Alemania.
En 2025, alrededor de 60.000 personas en Alemania estaban obligadas a abandonar el país de manera inmediata, sin perspectivas de obtener una suspensión temporal de su deportación. Según datos del Parlamento alemán, unas 22.000 personas fueron deportadas y varios miles abandonaron el país voluntariamente.
Fuente: Deutsche Welle
