La mejora de las difíciles condiciones de vida se mantiene entre las expectativas más urgentes de los venezolanos. Según una encuesta de AtlasIntel realizada en septiembre, el 84 por ciento de los consultados califica negativamente la situación económica actual. Este descontento se entrelaza con una clara aspiración de cambio político: el 77,3 por ciento de los consultados en ese mismo mes por Meganálisis considera que Venezuela no logrará estabilizarse ni recuperarse económicamente sin la celebración previa de elecciones presidenciales.
Los venezolanos aspiran a que la redemocratización del país se traduzca en bienestar social. Sin embargo, sobre la viabilidad de esa expectativa pesa una enorme carga financiera que podría poner en riesgo el éxito de cualquier programa de recuperación nacional.
Paradójicamente, Venezuela acumuló una enorme deuda pública después de haber disfrutado de uno de los períodos de mayor bonanza petrolera de su historia. Su monto total sigue siendo incierto debido a la opacidad de las finanzas públicas, pero, según un reporte de junio de 2026 del Financial Times —basado en fuentes anónimas familiarizadas con los planes del gobierno venezolano—, las deudas y reclamaciones contra el país podrían alcanzar los 240.000 millones de dólares. Este monto rebasa las proyecciones de la mayoría de los analistas, que situaban el pasivo del país entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.
De confirmarse esa cifra, Venezuela enfrentaría uno de los mayores y más complejos desafíos de reestructuración de deuda soberana de la historia, no solo por el volumen de sus obligaciones y reclamaciones, cuyo monto en conjunto equivaldría a más del 200 por ciento del producto interno bruto estimado del país, sino también por su diversidad: bonos, deudas bilaterales y comerciales, sentencias judiciales y laudos arbitrales.
Desde noviembre de 2017, Venezuela se encuentra en default, tras incumplir pagos de su deuda externa. En mayo de 2026, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de reestructuración de las obligaciones de la República y PDVSA.
Reconocidos economistas y juristas especializados en crédito público advierten que las condiciones en que se adelanta ese proceso tan complejo y delicado podrían hipotecar durante las próximas décadas los recursos que Venezuela necesita para reconstruirse y establecer una democracia estable.
Restablecer el acceso de Venezuela a los mercados internacionales de capitales exige una reestructuración de su deuda externa. No obstante, acometer esta tarea sin cumplir ciertos parámetros mínimos es extremadamente peligroso para el país, según advierte Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, Zambrano considera indispensable el cumplimiento de ciertas condiciones: un plan económico de estabilización creíble, una comisión técnica independiente que audite la legitimidad del stock de la deuda, el aval técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un mandato político claro de los negociadores. A juicio del economista, el proceso emprendido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez adolece de todas ellas, o, al menos, no se conoce que las cumpla.
"La literatura es muy clara al respecto: cuando las reestructuraciones se hacen mal, los países no despegan, vuelven a sufrir rápidamente dificultades para pagar su deuda, hasta que caen nuevamente en default y se ven obligados a renegociar. Me temo que ese es el camino que podría tomar Venezuela", advierte Zambrano.
Asimismo, el especialista sostiene que, de no lograrse condiciones verdaderamente favorables —como quitas significativas, amplios plazos de gracia y tasas de interés adecuadas—, el país en un corto lapso vería amenazados sus planes de recuperación. Bajo ese escenario, un futuro gobierno democrático tendría que destinar un porcentaje sustancial del presupuesto público al servicio de la deuda, lo que forzaría recortes en la inversión pública y en el gasto social destinado a salud, educación, servicios básicos e infraestructura.
El proceso de reestructuración adelantado por el interinato está rodeado de mucha opacidad. No se conoce con exactitud a cuánto asciende el monto total de la deuda pública venezolana ni qué parte de esas obligaciones se incluirían en la reestructuración.
El país carece de estadísticas públicas completas y actualizadas sobre su endeudamiento. El Ministerio de Finanzas dejó de publicar sistemáticamente sus cifras de deuda externa en 2017, mientras que las últimas estadísticas oficiales identificadas del Banco Central de Venezuela sobre esta materia corresponden al primer trimestre de 2019.
Una de las condiciones señaladas por Zambrano para que se dé un proceso exitoso de reestructuración es la conformación de una comisión técnica independiente que determine qué contiene el stock de la deuda, qué se pagará y qué no. En Venezuela, hasta ahora no se tiene conocimiento de la existencia de una comisión de esas características. Además, más de cinco meses después del anuncio oficial del proceso de reestructuración, sigue sin publicarse el análisis de sostenibilidad que debería establecer cuánto puede pagar el país, tomando en cuenta el tamaño de sus pasivos y las perspectivas de crecimiento e ingresos futuros.
En la misma dirección, la economista Rosana Sosa, durante un foro de Analítica sobre la deuda, enfatizó la necesidad de una auditoría forense con trazabilidad. A su juicio, este paso es indispensable para precisar cuáles son los pasivos reales, legítimos y legales de la República que están respaldados por expedientes probatorios sólidos. "De no hacerlo, correríamos el riesgo de incluir bienes no recibidos, servicios no prestados y deuda contaminada", advirtió.
A las advertencias económicas y sociales, se añade un dilema político y jurídico: ¿qué legitimidad tienen quienes adelantan la reestructuración de la deuda para comprometer el futuro del país durante las próximas décadas? El proceso está en manos de un gobierno interino cuya legitimidad es cuestionada dentro del país y que, además, actúa bajo una fuerte influencia de Estados Unidos.
Las sanciones estadounidenses impiden, sin una autorización adicional de Washington, las negociaciones directas con acreedores que estén sujetas a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). En este sentido, el economista Alejandro Grisanti alertó durante el foro de Analítica que esta reestructuración constituye un proceso inédito porque el gobierno venezolano tiene un "tutor", Estados Unidos, y "no se sabe bien quién toma la decisión final".
Zambrano subraya que los gobiernos que logran renegociar exitosamente sus deudas suelen ser gobiernos fuertes, populares y con capital político suficiente para afrontar un proceso complejo y prolongado. En su opinión, la falta de legitimidad de los negociadores genera incertidumbre entre los acreedores sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados. Esa situación, explica, termina por devaluar la firma de quienes negocian y debilitar su posición.
A su vez, la abogada Dolores Dobarro, profesora universitaria y especialista en materia petrolera y de crédito público, sostiene que "la legitimidad es vital porque el dinero busca bases sólidas". Una reestructuración debe contar con "un respaldo institucional competente, del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional".
Dobarro también alerta sobre las consecuencias que los compromisos asumidos ahora podrían tener para futuros gobiernos. Si se reconocen obligaciones cuestionables, las próximas administraciones podrían heredar una pesada carga financiera difícil de impugnar. Un futuro gobierno democrático podría intentar desconocer esos compromisos, explica, pero hacerlo podría resultar contraproducente y fortalecer la posición negociadora de los acreedores. Además, pesaría la buena fe de quienes contrataron con el Estado.
Una vez pactadas las nuevas condiciones, difícilmente podrán renegociarse a corto plazo, salvo que el país atraviese otra grave crisis de deuda, advierte Zambrano. De este modo, las futuras administraciones elegidas democráticamente podrían encontrarse con un margen de maniobra económica severamente limitado por compromisos asumidos sin una efectiva representación ni control de la ciudadanía.
Fuente: Deutsche Welle
