Opinión editorial del Listin Diario
Con 326 expedientes de manejos irregulares de fondos y otras ilicitudes frisados en sus archivos desde hace 17 años, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha devenido, prácticamente, en un bochornoso almacén de impunidades.
Esta escandalosa realidad la ha sacado a la luz la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien también ha cuestionado que ese departamento, llamado a ser el brazo ejecutor primario en la lucha contra la corrupción, sólo se limitara a hacer “investigaciones selectivas” de tales expedientes.
Presumimos que la selectividad era un indicio, antes oculto o solapado, para el encubrimiento de casos de envergadura, lo cual desdice de la función y la responsabilidad que se le ha asignado a ese departamento clave del ministerio público.
¿Y ahora qué pasará?
¿Quedarán frisados esos expedientes o las nuevas autoridades, fieles a su consigna de que ‘vamos con todo y por todos’, los desempolvarán y los esclarecerán para limpiar, al menos, algo de esta vergüenza nacional?
El solo hecho de esta acumulación injustificable de expedientes engavetados es, en sí mismo, tan grave como el delito implícito en ellos, porque equivale a dar carta de impunidad a los infractores, protegiéndolos de toda acción punitiva de la justicia.
En aras de la transparencia que ha prometido fomentar este gobierno, lo que cabría es dar a conocer al país el listado de esos expedientes para determinar su nivel de gravedad o daño a la cosa pública junto con la identidad de los comprometidos.
Escamotear esos expedientes por tantos años constituye una sombra y un lastre para la justicia, que solo se repara si los actuales jefes del ministerio público deciden investigarlos y someterlos al debido proceso, para no hacerse cómplices de tan funesta omisión.
