DECLARACION JURADA
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) recordó este jueves que el próximo lunes 16 de septiembre vence el plazo para que los funcionarios municipales que fueron electos en la pasada contienda electoral de febrero presenten su declaración jurada de patrimonio.
El órgano rector dijo, además, que está en disposición para orientar a los funcionarios «obligados en el
cumplimiento oportuno de la obligación constitucional y legal a su cargo, en apego estricto a las disposiciones legales y normativas».
“Un funcionario público no tiene bienes privados del escrutinio. Es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas. Todo debe estar sobre la mesa de la transparencia, las cuentas deben estar claras. La transparencia se refuerza con más transparencia, lo público debe hacerse público y para ello contamos con la declaración jurada como un mecanismo de prevención de la corrupción”, planteó la CCRD en un comunicado.
De igual manera, CCRD tiene a bien garantizar el cumplimiento de los requerimientos de confidencialidad que establece la ley que rige la materia.
90 % no había cumplido, hasta junio
En junio pasado, el 90 % del total de los funcionarios municipales no habían declarado sus bienes, como lo indica la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, y a los que, basado en esa normativa, CCRD impuso una retención salarial.
Retención salarial
La Cámara de Cuentas emitió la circular número 00001/2024 de fecha 11 de junio de 2024; dirigida a alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas de distritos, regidores, vocales, encargados de compras, directores administrativos, directores financieros, tesoreros y directores de recursos humanos. De igual modo, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio Público.
El documento recuerda las facultades constitucionales y legales de la Cámara de Cuentas y la obligación de los gobiernos locales de cumplir con la declaración jurada de patrimonio, especificando las sanciones por no hacerlo. Insta a la retención de sueldos, salarios y otras remuneraciones hasta que se presente la declaración jurada y se obtenga la evidencia del documento de recepción emitido por la CCRD.
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