Opinión con Eddy Olivares Ortega
En la antigua democracia griega la compra y venta del voto era considerado con un delito tan grave que se castigaba con la pena de muerte.
También en el antiguo imperio romano se consideraba la compra y venta del voto como un crimen extremadamente perjudicial para la democracia, por lo que fue tipificado por el senadoconsulto y las constituciones como un delito de ambitus, causado por las actividades injustas o ilegales cometidas con el objetivo de obtener votos.
Sin embargo, la compra de votos, una práctica corrupta que atenta contra la integridad de los procesos electorales, contrario a lo que ocurre en nuestro país, se ha reducido significativamente en los demás países de la región.
¿Qué ha motivado que la compra de votos se haya convertido en una actividad decisiva de la jornada de votación? No cabe duda que el principal motivo radica en que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha hecho de la compra de votos su principal actividad vespertina del día de las elecciones.
La compra de votos, no es realizada, como en otros países, por los candidatos, de una manera aislada, sino por el partido, lo que, sumado a la falta de equidad y transparencia en las campañas electorales, nos ha situado en uno de los últimos cuatro lugares en integridad electoral en América.
Cuando el presidente de la República y líder del PLD, Danilo Medina, se reunió con sus candidatos y les manifestó que las elecciones las ganará quien lleve los electores a votar, al tiempo de garantizarle recursos económicos suficientes para cumplir con este propósito, le dio rienda suelta a sus candidatos y dirigentes para comprar los votos que necesiten para ganar las elecciones municipales.
Naturalmente, las alarmas se dispararon, con los arzobispos de la Iglesia Católica a la cabeza, quienes llamaron a la ciudadanía a no vender sus votos.
Igual que aquí, en Colombia ningún político había sido condenado por el delito de compra de votos, hasta que la ex senadora del Partido Conservador, Aída Merlano, fue condenada a cumplir una pena de 15 años de prisión por desarrollar un sofisticado sistema de compra y venta de votos en las elecciones legislativas del año 2018.
Quienes incurren, igualmente, en el delito de compra de votos en los Estados Unidos se enfrentan a largas condenas y grandes multas, como fue el caso del ciudadano de origen dominicano, William Rojas, el cual enfrentó una condena a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares, por haber acordado pagarle cincuenta dólares a los votantes, para que enviaran por correo las papeletas de las elecciones municipales, con el propósito de favorecer a un candidato al Concejo Municipal de Hoboken con el que trabajó.
Todo parece indicar que en las elecciones del 2020 podríamos tener los primeros condenados por compra de votos en la República Dominicana, para lo cual solo habría que procurar las pruebas correspondientes y aplicarle el artículo 282 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que condena a los compradores a la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos, así como el 283, que condena a los vendedores del voto a la misma pena.
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Fuente Acento
