Con 148 votos a favor y una abstención, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador censuró y destituyó este miércoles (18.02.2026) al expresidente del Consejo de Judicatura, Mario Godoy, en un juicio político celebrado después de conocerse las presuntas presiones ejercidas sobre un juez en un proceso contra un narcotraficante.
La resolución implica además la inhabilitación de Godoy para ejercer cargos públicos durante dos años.
El juicio político se llevó a cabo pese a que Godoy presentó horas antes su renuncia “irrevocable” al cargo.
No obstante, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, afirmó que la sesión se celebraría “con o sin su presencia”.
Al finalizar la votación, Olsen declaró frente a los asambleístas que la cámara había demostrado que era “posible actuar con responsabilidad y bajo el cumplimiento de la ley” y que con esta “censura”, que catalogó como “inmediata”, no gana una fuerza política u otra, sino “el respeto a las reglas y al procedimiento democrático”.
El juicio político se produjo después de que en diciembre salieran a la luz unas presuntas presiones que recibió el juez Carlos Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos.
Durante la sesión, Olsen leyó el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización en el que se recomendaba continuar con el juicio político a Godoy; un documento de unas setenta páginas que incluía las declaraciones del expresidente de la Judicatura en las que negaba haber presionado al juez Serrano.
En ese documento, la Comisión de Fiscalización concluyó que Godoy es “responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial”.
En su carta de renuncia, Mario Godoy señaló que “la coyuntura política actual, evidencia que los intereses y cálculos partidistas, han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”.
“Cuando las agendas particulares y las presiones externas se imponen sobre la planificación técnica y el compromiso con el Estado de derecho, se debilita la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda”, añadió.
“Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia”, continuó.
Fuente: Deutsche Welle
