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HAZ CLIC AQUÍ ➜Son jurídicamente controvertidos, costosos y generan intensos debates. Desde hace años, en Bruselas se discute la creación de centros de deportación para solicitantes de asilo rechazados fuera de la Unión Europea (UE). Los intentos anteriores fracasaron reiteradamente debido a obstáculos legales, cambios de gobierno o costos astronómicos. Ahora, un grupo de cinco países de la UE —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— parece creer que ahora ha logrado superar esas barreras.
El primer centro de deportación fuera de la UE podría comenzar a funcionar en Ruanda en 2027. Según el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, las negociaciones con ese país africano son las más avanzadas.
Entre los antecedentes más conocidos de iniciativas similares figuran los siguientes:
Durante el gobierno conservador de Boris Johnson, y posteriormente bajo el mandato de Rishi Sunak, el Reino Unido pretendía trasladar de manera permanente a Ruanda a migrantes que ingresaran irregularmente por el canal de la Mancha, para que sus solicitudes de asilo fueran tramitadas allí.
El proyecto, no obstante, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico, al considerar que no estaba demostrado que Ruanda fuera un tercer país seguro y que existía el riesgo de que los refugiados fueran deportados a sus países de origen, donde podrían sufrir persecución.
Tras la victoria del Partido Laborista en julio de 2024, el primer ministro Keir Starmer declaró oficialmente que el proyecto estaba "muerto y enterrado".
Bajo el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, Italia firmó un acuerdo con Albania para trasladar directamente a centros construidos en ese país, pero administrados por Italia, a migrantes interceptados en el Mediterráneo. En Albania es donde debían realizarse procedimientos acelerados de asilo.
Pero, inmediatamente después de la apertura de esas instalaciones, tribunales italianos bloquearon el alojamiento de los migrantes. Los jueces argumentaron que varios países de origen de los migrantes alojados en Albania, como Bangladés o Egipto, no podían ser clasificados de manera general como "seguros".
En 2021, Dinamarca aprobó una ley para trasladar a solicitantes de asilo a terceros países fuera de la UE. Copenhague mantuvo intensas negociaciones con Ruanda para establecer allí su propio centro de acogida.
Sin embargo, la Comisión Europea y organizaciones de derechos humanos criticaron duramente la iniciativa. A comienzos de 2023, el Gobierno danés suspendió las negociaciones con Ruanda.
La conclusión fue que un proyecto de este tipo resultaba prácticamente inviable desde el punto de vista jurídico y logístico si se emprendía de manera unilateral.
Según la legislación anterior de la UE, las deportaciones a terceros países solían fracasar porque los tribunales exigían que el migrante tuviera algún vínculo personal con el país de destino, ya fuera por conocer su idioma, tener familiares residentes allí o haber permanecido anteriormente en su territorio.
En cambio, una reforma de la legislación europea de asilo permite deportar a personas obligadas a abandonar el territorio de la UE a países en los que nunca hayan estado, siempre que exista un acuerdo correspondiente con ese tercer Estado.
Otra base para este nuevo intento conjunto es el Reglamento de Retorno de la UE, acordado políticamente en junio de 2026 y aprobado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, todavía debe ser adoptado formalmente por el Consejo.
A diferencia de la legislación anterior, la nueva normativa es un reglamento de la UE y no simplemente una directiva. Por lo tanto, se aplica directamente en todos los países participantes de la Unión Europea. De esta manera, establece por primera vez un marco jurídico uniforme a escala comunitaria para este tipo de centros de retorno.
Los defensores de la iniciativa esperan que este modelo elimine los fundamentos jurídicos de demandas por violaciones de derechos humanos relacionadas con la protección permanente de los solicitantes de asilo.
Sin embargo, organizaciones críticas como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional advierten sobre riesgos considerables. Cuestionan que puedan garantizarse plenamente los controles independientes, una asistencia jurídica efectiva y la atención médica en estos centros. También temen que los terceros países terminen deportando a las personas a sus países de origen, donde podrían correr peligro, sin realizar previamente una evaluación adecuada de sus casos.
Además, experiencias anteriores demuestran que la construcción y vigilancia de estos centros, así como el transporte de las personas afectadas, suelen requerir cientos de millones de euros. Una gran inversión, para después solo lograr concretar el retorno de un número reducido de personas.
Fuente: Deutsche Welle
