ARTICULO DE OPINION
Cuando sentencias singulares condenaron a destacadas figuras de la banca, la presunción del carácter intocable cesó, dándole espacios a una interpretación ajustada al ideal básico de la justicia e interés de juzgar a todos por igual.
Antes, jerarquías sociales resultaban inalcanzables y pactos indecorosos evitaban el que el peso de la ley tocara franjas históricamente protegidas.
Salvo desgracias políticas, el espíritu de lo penal siempre anduvo cercano de aplicarles al resto de ciudadanos ordinarios toda la carga punitiva.
Por eso, toda la retórica y esfuerzo en fortalecer los mecanismos institucionales de persecución han sido resistidos, pero la presión social abrió modalidades de castigo. Y ahí están los resultados. Avances, retardos e incidentes y mentalidades resistidas que, cada vez, quedan en minorías frente a núcleos decididos a la actuación igualitaria frente al crimen y delito, sin importar nivel social, financiero y político.
Lo que parece no transitar con la velocidad del anhelo institucional y erradicación de privilegios eternos, puede traducirse en un miedo social, caracterizado por esquivar u omitir la actuación y responsabilidad de actores, siempre diestros en la articulación del delito y poco referidos en la crónica informativa y/o sanción ejemplificadora.
Ahora, y dentro de la reconocida y bien ponderada actuación de la PGR, se tornan invisibles figuras estructuralmente asociadas a las acusaciones hechas por el Ministerio Público, protegidas por calidades perfectamente amparadas en el ordenamiento procesal y extrañamente invisibilizadas en la impugnación pública.
Lamentablemente, el miedo social de llevar hasta el fondo de las investigaciones podría establecer las bases de modalidades irritantes que, llenarían de ira los potenciales imputados, habilitando los arranques y molestias que cesen todo recoveco por conocer o información privilegiada clausurada por intereses económicos sedientos de un silencio cómplice.
Laura Acosta, talentosa y perfectamente informada, reclamaba sobre los propietarios del inmueble que sirvió de orgiástica fiesta de repartos, antes centro operativo de Joao Santana.
Murmullos, silencios y toque de preocupación para los actores en el lugar de los hechos y titulares del inmueble. La casita y la operación Calamar siguen enlodando al jet set económico del país.
